La Legislatura aprobó la Ley de Endeudamiento

Regionales 09 de julio de 2021
La autorización para realizar operaciones de crédito público de hasta 12.800 millones de pesos se convirtió en ley 3292.
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La Cámara autorizó este jueves al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público contraíbles durante este año o en ejercicios financieros futuros, por un total de hasta 12.800 millones de pesos. Lo hizo al aprobar la ley 3292 elevada por el bloque del MPN, aliados y el diputado Mariano Mansilla (FT) con el objetivo de financiar el incremento de gastos en las partidas presupuestarias, incluidas las de personal, generadas a partir del acuerdo salarial firmado entre el Ejecutivo provincial y la Asociación de Trabajadores de Neuquén (ATE) a fines de abril. La sesión especial se inició ayer jueves a las 19 y, pasada la medianoche, finalizó para dar lugar a la nueva sesión en la que finalmente se sancionó la ley.

La norma fue aprobada por mayoría con 18 votos positivos aportados por los bloques del MPN, Juntos, UP-FR, FRIN, FNN, Siempre y parte del Partido Demócrata Cristiano (Raúl Muñoz y Elizabeth Campos) y del FT (Mariano Mansilla); en tanto que por la negativa se expresaron Patricia Jure (FIT) y Andrés Blanco (PTS-FIT). 

La ley 3292 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, que sean contraídas o cuya emisión se realice durante 2021 y/o en ejercicios futuros, mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, por un monto hasta $12.800 millones de pesos.

Los fondos se destinarán a financiar los mayores gastos en las partidas presupuestarias, incluidas las partidas de personal, generadas a partir del Acta Conciliatoria firmada en abril entre el gobierno provincial y las asociaciones representantes de trabajadores de la Administración Pública provincial. El articulado explicita, además, que podrán destinarse también a atender los requerimientos de asistencia financiera que efectúen los municipios para afrontar incrementos salariales, “en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios”.

A la vez, la norma exime de todo impuesto o tasa provincial a la emisión, comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto vinculado a las operaciones de crédito público enmarcadas en la norma, al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias para su efectivo cumplimiento.

Al actuar como miembro informante, la diputada Liliana Murisi (MPN) remarcó que la ley constituye una herramienta necesaria de gobernabilidad para afrontar el incremento de partidas salariales y señaló que el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el gremio estatal implicó, por un lado, dar “una solución al reclamo genuino de recomposición salarial” del plantel trabajador y, por otro, adelantar la revisión de haberes prevista para julio, “redoblando los esfuerzos y tensionando al máximo las finanzas públicas”. En ese sentido, recordó que el incremento salarial -del orden del 53.09% escalonado-, impacta en 30 mil millones de pesos para lo que resta del año.

Murisi se refirió además al estado de los recursos provinciales, ocasión en la que aseguró que la pandemia los afectó directamente, con una subejecución de recursos corrientes en el 2020 respecto a lo presupuestado y con una caída de la recaudación del orden del 28%. Si bien se evidencia una recuperación en los ingresos de las arcas provinciales, no se puede “garantizar la evolución de la pandemia y la economía en lo que resta del año”, observó la legisladora, al enfatizar en la incertidumbre que depara el proceso inflacionario y una posible tercera ola de contagios.

En relación al marco legal, la legisladora explicó que la operación financiera en cuestión no constituye un empréstito sino una autorización para la toma de crédito público, enmarcada en los incisos 2,3,5 y 6 del artículo 36° de la ley de Administración Financiera -2141-. A la vez, aseguró que la ley no incumple con el denominado Pacto Fiscal –ratificado por la Legislatura- en la medida en que el mismo impone restricciones al incremento del saldo de la deuda y no al stock. En ese sentido aseveró que no implicará un endeudamiento a largo plazo sino de mediano plazo y en el mercado financiero local. 

La ley constituye “una herramienta financiera” sintetizó Murisi, quien convocó a votar a favor dado que “es nuestra responsabilidad garantizar la sostenibilidad y credibilidad del acuerdo salarial”. En ese marco, mencionó que se buscó el consenso político necesario desde el inicio del debate, con la presencia del titular de la cartera de Economía en la comisión, quien detalló el proceso de reestructura de la deuda y el comportamiento de los recursos financieros. 

Desde el Partido Demócrata Cristiano, la diputada Elizabeth Campos justificó su voto positivo y el de su compañero de bloque, Raúl Muñoz, al argumentar que el nuevo escenario que surgió a partir del 20 de marzo de 2020 cuando se estableció la pandemia y que aún hoy estamos transitando, dio lugar a una crisis económico-financiera, y hasta se puso en peligro la vida institucional y democrática. “Hoy tenemos que dar una respuesta política a los policías, médicos, enfermos, maestros y todos los trabajadores que no dejaron de trabajar en esta pandemia” y que durante todo el 2020 no tuvieron incrementos o recomposición salarial.

En tanto, la diputada Patricia Jure (FIT) y el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) se expresaron por la negativa y no acompañaron la medida tras asegurar que la provincia cuenta con fondos para afrontar la suba de los gastos destinados a salarios. En efecto, Jure señaló que “se esgrime como pretexto que las y los trabajadores de la provincia puedan cobrar un aumento salarial que, por lo visto, no estaba contemplado en el presupuesto”, mientras que Blanco hizo hincapié en “vinimos para dejar asentado que rechazamos este endeudamiento y a defender nuestro proyecto que es una alternativa para que no tengamos que echar siempre mano a este mecanismo de endeudamiento”.

Al inicio de la reunión, el cuerpo aprobó la resolución 1125 que prorroga hasta el 30 de julio inclusive la habilitación para que los diputados y las diputadas puedan participar de manera virtual en sesiones de Cámara. 

La 3° sesión especial del año fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann, y contó con la participación de 20 diputados y diputadas. Comenzó a las 19.35 y finalizó a las 20.20. Luego de las 0 horas del viernes y hasta las 0.20 le siguió -con la presencia de 18 diputados y diputadas- la 4° sesión especial donde la ley se aprobó en particular.

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