Comenzó el diálogo entre gobierno y organizaciones sociales en el MPF

Con la presencia de funcionarios y funcionarias del gobierno provincial y de representantes de organizaciones sociales, comenzó la mesa de diálogo que fue convocada por el fiscal general José Gerez para intentar encontrar una solución al conflicto que ambas partes mantienen y que derivó en cortes de calles en el centro de la ciudad de Neuquén la semana pasada. 

La reunión empezó a las 17.30 en la sede del Ministerio Público Fiscal, en la Ciudad Judicial. Participaron dirigentes de las agrupaciones Polo Obrero, FOL, CTEP y Frente Darío Santillán, y representantes de las áreas de Desarrollo Social de la provincia y del IPVU. El director y la subdirectora de Mediación y Conciliación de la fiscalía, Ulf Nordenstahl y Cecilia Basterrechea, fueron quienes dirigieron el proceso de diálogo. 

Gerez realizó la convocatoria en el marco de lo establecido en el artículo 17 del Código Procesal Penal, que prioriza la resolución pacífica de los conflictos primarios para restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. "Les agradezco haber aceptado esta convocatoria al diálogo", remarcó al inicio del encuentro. 

Alrededor de las 20.30, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de octubre a las 11. 

Esto último porque el gobierno provincial propuso la realización de un conjunto de obras públicas financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para el barrio Tierra Nueva, así como el programa de Mejoramiento de Fachadas de edificios públicos, financiado por el gobierno provincial. Y, con el objetivo de avanzar en los detalles, plantearon la necesidad de realizar una mesa técnica. 

Durante el encuentro, los representantes del gobierno provincial se comprometieron a efectivizar mañana el pago de programas retenidos. 

Ambas partes acordaron además que no realizarán ninguna medida que pueda obstaculizar el espacio de diálogo que fue convocado por el Ministerio Público Fiscal, y mientras esté abierto.   

El acta fue firmada por los mediadores de la fiscalía, Nordenstahl y Basterrechea; en representación de la provincia lo hicieron Carlos Acosta, Ricardo Soiza, Orlando Di Lucla, Fabio Torres y Silvio Puchi; y por las organizaciones sociales lo hicieron Ana María Montoya, Lidia Astete, Vanessa Capella, Soledad Urrutia, César Parra y Diego Mauro.