Ratifican la responsabilidad del policía que hirió a un ex diputado

Confirmaron la sentencia de responsabilidad de Sergio Palominos por disparar y lesionar gravemente al exdiputado provincial Raúl Godoy.
Fiscal Pablo Vignaroli

Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli, un tribunal de impugnación confirmó por unanimidad la sentencia de responsabilidad de Sergio Palominos por disparar y lesionar gravemente al exdiputado provincial Raúl Godoy.

Se trata de la ratificación de lo resuelto durante el juicio, a fines de 2021, cuando la fiscal del caso Paula González y la asistente letrada Noelia Stillger lograron probar que fue el policía Palominos quien, durante un desalojo ordenado por un juez, provocó la herida que sufrió Godoy.

 La teoría del caso que logró acreditar durante el juicio el Ministerio Público Fiscal y que confirmó el tribunal de impugnación es que el 8 de diciembre de 2017, Palomino le disparó a Godoy con un arma de fuego y lo lesionó gravemente. La agresión se produjo en el marco de un desalojo ordenado por un juez, que se llevaba a cabo en una maderera ubicada en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. Godoy se encontraba de espaldas al imputado y de frente a los trabajadores de la empresa intentando separarlos. Desde ese lugar y a corta distancia, Palomino realizó el disparo de arriba hacia abajo, con una escopeta. El proyectil impactó en el tobillo de la víctima, quien resultó gravemente lesionada.

 El policía fue condenado por el delito de lesiones graves, agravadas por haber sido cometido por un funcionario policial en abuso de sus funciones; y por el uso de arma de fuego (artículos 90 y 92, con remisión al artículo 80, inciso noveno y segundo; y 41 bis del Código Penal).

La defensa del imputado objetó lo resuelto en el juicio y presentó su impugnación durante una audiencia realizada el 25 de abril. En esa oportunidad, el fiscal jefe Vignaroli argumentó que no había motivos para revocar el fallo y pidió la confirmación, tanto de la responsabilidad de Palominos como del monto de la pena, determinado en 5 años de prisión efectiva.

 Tras el plazo legal, el tribunal de impugnación confirmó la sentencia en todos sus términos.

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