Prolongan preventiva a imputado por privación de la libertad en Zapala

Por pedido de la fiscal del caso Marina Díaz, Andrés Villar, quien fue declarado penalmente responsable junto a María Cristina Villar, por haber mantenido de rehén a un defensor oficial en la ciudad de Zapala, seguirá detenido con prisión preventiva. 

El pasado 26 de noviembre, ambos imputados fueron declarados responsables por el delito de privación ilegítima de la libertad en grado de coautores (artículos 142 bis primer párrafo y 45 del Código Penal). 

Durante la audiencia realizada ayer, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se extienda por 60 días la prisión preventiva que viene cumpliendo Villar. En ese contexto, sostuvo que persisten los riesgos procesales por los cuales se fijó la prisión preventiva en un principio y luego fue prorrogada: riesgo de fuga, riesgo para la integridad física de la víctima y su familia y riesgo de entorpecimiento de la investigación; y que con la reciente declaración de responsabilidad, incluso se acrecentaron. 

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías avaló el pedido de la fiscalía y extendió la medida cautelar hasta el 6 de marzo de 2022. 

El próximo 4 de febrero se realizará la audiencia de cesura, en donde se determinará la pena que le corresponderá cumplir a ambos condenados. 

Reseña

Según pudo acreditar el Ministerio Público Fiscal durante el juicio, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2021, en la ciudad de Zapala. Ese día, alrededor de las 8.50 de la mañana, Andrés Villar y su hermana, María Cristina Villar, ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala. Allí retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez durante once horas y diez minutos, con el objetivo de obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara gesell en un caso en el que el hombre había sido declarado penalmente responsable. 

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo, quien intervino en el juicio, aseguró que ambos imputados planificaron su accionar y se repartieron tareas, utilizando un machete, una navaja, un palo y una cadena con candados. Intimidaron al defensor público y lo ataron a una silla para obligarlo a redactar un petitorio con diversos puntos. 

El hecho concluyó luego de que se firmara un acta con doce puntos que llevó la firma del fiscal general José Gerez y del defensor general Raúl Caferra.