Acuerdan suspensión de juicio a prueba por lesiones y privación de la libertad

En una audiencia realizada el viernes, el fiscal del caso Marcelo Jofré arribó a un acuerdo mediante el cual un hombre, L.G.U, aceptó cumplir una suspensión de juicio a prueba por golpear y privar ilegítimamente de la libertad a su expareja. 

El hombre estaba acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad continuada en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en calidad de autor. 

La suspensión de juicio a prueba que acordaron las partes es por el plazo de dos años y comprende una serie de obligaciones que el acusado deberá cumplir: fijar domicilio y no mudarlo; no cometer nuevos delitos; no abusar del consumo de alcohol y estupefacientes; presentarse ante la dirección de personas judicializadas cada cuatro meses. Además, se fijó la prohibición de realizar publicaciones sobre la víctima en redes sociales y ejercer actos de violencia, perturbación y/o intimidación directa o por terceras personas contra la víctima. 

La suspensión de juicio a prueba es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales. 

La teoría del caso que el fiscal Jofré detalló fue que el 24 de julio de 2022, por la madrugada, el imputado se encontró con su expareja, con quien mantenía una relación de noviazgo. Pasearon en automóvil por la ciudad de Zapala por aproximadamente dos horas. Se dirigieron a la vivienda del imputado, en la cual permanecieron durante todo el día.

Al día siguiente, alrededor de las 9, la mujer quiso retirarse para ir a trabajar. L.G.U la insultó y durante el transcurso del día le impidió retirarse.

El martes 26 de julio, con el fin de mantener a la víctima privada de su libertad, la golpeó causándole lesiones.

Finalmente el 27 de julio, a las 11:40, la dejó retirarse al advertir la presencia de personal policial.

El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia resolvió avalar el acuerdo y conceder la suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años bajo las condiciones planteadas por las partes.