El domicilio de Mauro Tanos había sido allanado por orden de la Justicia, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros.
Nacionales06/04/2024
Luego de que la Justicia ordenara el allanamiento del gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, el Gobierno le pidió la renuncia al funcionario sospechado de estar involucrado en el escándalo de la contratación de seguros de la ANSES.
El funcionario está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza de la ANSES.
Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.
También quedó imputado el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.
La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la ANSES.
En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.
Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes, afectado por la destrucción de su principal caballito de batalla, la honestidad de su gestión.
Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien -aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.
La medida busca "bajar los costos de la burocracia con la que cargan las más de 150 empresas del sector que importan y fabrican".
Las salidas crecieron 24,7%, con un saldo negativo de 240 mil viajeros
Además, la denunciante lo acusa de extorsión por reiterados hechos que comenzaron en 2023.
Se trata de las compañías Arajet, Sky y Jetsmart.
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La funcionaria informó que Pablo Ruiz fue apartado del cargo que llevaba adelante como coordinador de la institución legislativa, ya que esto es “indispensable para garantizar” la transparencia de la investigación tras la causa por movimientos financieros sospechosos.
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