Imputan a dos varones por privación de la libertad en San Patricio del Chañar y fijan domiciliaria

En una audiencia de formulación de cargos realizada este viernes en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Noelia Stillger acusó a dos varones, G.E y E.J.A.M, por privar de la libertad a una persona, debido a la existencia de conflictos previos entre ambos. 

Además, la funcionaria de la unidad fiscal de Actuación Genérica requirió que se les imponga a ambos prisión domiciliaria por cuatro meses y argumentó que es necesario cautelar el peligro de entorpecimiento de la investigación y resguardar la integridad física de la víctima. 

Los delitos que la funcionaria del Ministerio Público Fiscal les atribuyó a los imputados son amenazas, privación ilegítima de la libertad y lesiones, todos agravados por haber sido cometidos con armas, en carácter de coautores (artículos 89 y 92 en función del 80 inciso sexto, 142 inciso primero, 149 bis primer párrafo segunda parte, 42, 45 y 55 del Código Penal). 

La teoría del caso que describió Stillger es que el 8 de mayo, cerca de las 20:30 en la ciudad de San Patricio del Chañar, G.E y E.J.A.M, junto a otras personas, se presentaron en una vivienda donde estaba un varón con el que tenían conflictos previos. Lo sacaron del lugar y bajo amenazas se lo llevaron en un auto. Luego lo ingresaron en una vivienda, lo ataron a una silla y lo golpearon mientras le decían que lo iban a matar. En un determinado momento, y mientras lo trasladaban en un vehículo aparentemente a la zona de la meseta, se arrojó del automóvil y, a pesar de que fue atropellado por sus captores, logró pedir ayuda a efectivos policiales que estaban cerca del lugar. 

El juez de garantías Juan Manuel Kees, quien estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos, pero por una calificación legal distinta: privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y lesiones agravadas, en concurso real y en carácter de coautores. 

En relación con la medida de coerción, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía y fijó la prisión domiciliaria por cuatro meses. 

Finalmente, el juez estableció el plazo para que la fiscalía concluya la investigación en dos meses.