El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Marcelo Iñiguez, presentó un proyecto para crear la caja de profesionales del derecho para atender prestaciones de vejez, discapacidad y viudez para la población matriculada de dicha actividad.
Regionales 04/08/2024
El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Marcelo Iñiguez, presentó un proyecto para crear la caja de profesionales del derecho para atender prestaciones de vejez, discapacidad y viudez para la población matriculada de dicha actividad. Se trata de un modelo “fundado en aportación colectiva multipilar, identificado como de capitalización colectiva, de prestación definida con inspiración de reparto solidario”, indica el abogado en los fundamentos de la propuesta.
El articulado prevé que se deberán alcanzar los 65 años de edad y los 35 años de aporte para alcanzar el beneficio de la jubilación.
La caja tendrá como objetivo la administración integral del sistema jubilatorio y otras prestaciones de la seguridad social de los profesionales en cuestión. El texto de la propuesta establece que la caja promoverá prestaciones dinerarias que mantengan razonable proporcionalidad con las aportaciones realizadas, solidaridad y equidad intergeneracional, asegurando un régimen de movilidad previsional que permita conservar, a través del tiempo, la capacidad adquisitiva y monetaria determinada al momento del acceso a las prestaciones dinerarias.
Al interior de la caja, que tendrá carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, se conformará así un fondo previsional cuyas inversiones serán segmentadas en un fondo prestacional y otro de garantía. Esta segmentación, según mencionan los fundamentos de la iniciativa, constituye “un núcleo innovador” para evitar la sobredimensión de fondos que, sin indicadores reales discriminados por finalidad, no permiten la visualización de las rentabilidades ni de las utilidades positivas reales de los recursos que los componen. En efecto, aseguran que “en el actual sistema, muchas veces se festejan resultados altamente positivos de ciertas inversiones, pero esas utilidades jamás llegan a derramarse en mejoras en los beneficios”.
El Fondo previsional contendrá un Fondo solidario, denominado “primer pilar” que se compondrá del aporte “mínimo” mensual obligatorio que abonarán los afiliados, y cuyo valor será expresado en módulos IUS, de acuerdo a la valoración establecida por el Poder Judicial. Con igual criterio, se creará el Fondo de capitalización, que constituirá el “segundo pilar” del Fondo previsional, integrado por los aportes voluntarios que excedan los valores mínimos exigibles para el fondo anterior. Este último fondo apunta a generar un “nuevo nivel de inversiones”, lo que se traduce en un grado de “mayor disponibilidad y versatilidad que las propuestas actuales de los sistemas” que no prevé posibilidad de inversión para sus afiliados sino solo para la administración del fondo.
Los recursos el Fondo de capitalización serán registrados en cuentas individuales de cada afiliado y se capitalizarán con el rendimiento de las inversiones que la Caja de Profesionales de Derecho efectúe de los Fondos Previsionales en forma individualizada y proporcional.
La propuesta contempla afiliaciones obligatorias y voluntarias. Las primeras serán para los profesionales matriculados en la provincia (abogados, abogadas, procuradores y procuradoras), pudiendo exceptuarse sólo los matriculados de la seccional provincial que manifieste, por medio de su conducción, la decisión colectiva de no ser incluidos. En tanto, podrán realizar la afiliación voluntaria aquellos profesionales universitarios de otras profesiones cuando la mayoría del Colegio y los órganos administradores de la caja así lo aprueben.
En los fundamentos, Iñiguez asegura que “el problema del sistema actual es sobre todo de ingeniería, porque se basa en proyecciones exageradas, previsiones que nunca se cumplen, inversiones no segmentadas (es decir sin asignación específica), cuentas individuales insuficientemente rentables”.
Más adelante indica que la decisión de apartar a la población de profesionales del derecho resulta “inminente, impostergable y una necesidad que no puede esperar ya que la insatisfacción generalizada y masiva frente al actual sistema, puede provocar un sisma colectivo que confunda las falencias del actual sistema como sinónimo de la imposibilidad de una construcción protectora colectiva”.
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