Planes sociales: MPF presentó acuerdos para imponer dos nuevas condenas

Los acuerdos comprenden a R.A.L: 3 años de prisión en suspenso, 432 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 4); y A.A.M.L, 3 años de prisión en suspenso con 360 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta, por tener un rol considerado de menor responsabilidad (nivel 5). 

Ambos como integrantes de una asociación ilícita conformada por exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, y que se dedicaban a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales. 

El fiscal del caso y la asistente letrada detallaron que el perjuicio ocasionado por R.A.L fue de $12,7 millones; y en el caso de A.A.M.L por $4,9 millones. 

Narvaez sostuvo que la pena es justa y proporcional con el principio de culpabilidad. Agregó que este acuerdo permitirá a la fiscalía “optimizar los recursos y centrarnos en los niveles superiores de esta asociación ilícita”. La condena en este caso “implicaría para la fiscalía poder desistir de testigos y enfocarse en los jefes de esta estructura piramidal”, explicó el fiscal. 

Ambas penas, en caso de ser avaladas por el juez de garantías que dirigió la audiencia, se sumarán a las que ya se impusieron a cinco acusados y acusadas en septiembre del año pasado y que fueron similares: éstas comprendieron a Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea, quienes aceptaron haber integrado la asociación ilícita y hacer tareas como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.

Tanto las dos penas presentadas hoy, como las cinco anteriores, son por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). 

Las demás personas imputadas en el caso, irán a juicio. El próximo martes está previsto que se realice la audiencia de control de la acusación en la Ciudad Judicial, que es el paso previo para la etapa de juicio (se estima que se realizará en marzo o abril próximo). 

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, integraron una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. 

La maniobra se efectuó con distintos niveles de responsabilidad, y con el rol de jefes está ubicado Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler. 

La investigación se centró en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, con diversos roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. 

En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios. 

El juez que dirigió la audiencia, Cristian Piana, resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el lunes, para definir la aceptación de los acuerdos presentados por el MPF, y que contaron con el aval de la querella y de las personas imputadas.