Harán nueva reunión por la toma en la Autovía Norte

La convocatoria se hizo por la mañana y fue aceptada por el gobierno provincial y municipal además de los representantes de las personas que ocuparon los predios. El encuentro comenzó a las 11.30 en la sede del Ministerio Público Fiscal y se prolongó hasta las 12.15. 

Por la fiscalía participaron el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el director y la subdirectora de la oficina de Mediación y Conciliación Penal, Ulf Nordenstahl y Cecilia Basterrechea; por el gobierno provincial autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo;  por el gobierno municipal funcionarios del área de Urbanismo y Vivienda; y Carlos Rojas, Ángel Díaz y Manuel López estuvieron en representación de quienes realizaron la ocupación. 

“Se convocó a esta reunión porque la fiscalía cuenta con una orden emitida por un juez para ejecutar el desalojo de los predios que están tomados”, indicó Vignaroli. “La fiscalía tiene la decisión de que cumplir esa orden, pero como advertimos que las partes involucradas en este conflicto han manifestado voluntad de diálogo, hemos convocado a esta reunión”, indicó Vignaroli. 

Respecto al encuentro, detalló que “la propuesta que se transmitió es hacer un relevamiento y familia que es relevada en el lugar se retira de los predios, y aquella que tenga alguna cuestión urgente se atenderá, pero lo que nosotros dejamos en claro a la gente de la reunión es que para la fiscalía esos predios tienen que desocuparse”. 

Añadió que “el plazo tiene que ver un poco con la consulta que cada referente tiene que hacer con su grupo. Está convocada una reunión para mañana al mediodía, ya con los responsables de la oficina de Mediación y Conciliación. Para mañana esperamos una respuesta. Si la respuesta es positiva se inicia el proceso de relevamiento y desocupación voluntaria, si la respuesta es negativa se va a evaluar cómo se ejecuta la orden de desalojo, que momentáneamente está suspendida” 

Sobre el mecanismo con el cual se hará el relevamiento de las personas, precisó que “lo haría el Estado provincial y Estado municipal, con presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal”.

El pasado 4 de febrero, el fiscal del caso Marcelo Jara, solicitó autorización a un juez de garantías para que se realice el desalojo de los predios ocupados. Argumentó que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación luego de denuncias por usurpación de los terrenos, recibidas de parte de responsables de una cooperativa de viviendas de empleados mercantiles y de tres empresas privadas.