Formulan cargos por defraudación de más de $1,5 millones

La asistente letrada Elisa Carossio formuló cargos ayer a tres hombres por haber defraudado a una mujer en más de $1,5 millones a través del alquiler de un inmueble a una asociación evangélica en la ciudad de Neuquén. 

La imputación fue hecha mediante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, y comprendió a C. L. A; M. R. M; y D. A. R. A.  Al primero, le atribuyó el delito de defraudación especial por desbaratamiento de derechos acordados en carácter de autor, y a los restantes el mismo delito pero en carácter de partícipes necesarios. 

De acuerdo a la información recolectada hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal, la maniobra se realizó del siguiente modo: uno de los acusados, C. L. A, y la mujer denunciante, son dueños de un inmueble en la ciudad de Neuquén. El 1 de octubre de 2017,  firmaron un contrato para alquilar la propiedad a una asociación evangélica. En el caso de C. L. A, era dueño del 55 por ciento del local, y la denunciante, del 45 por ciento. 

En la negociación del contrato participaron los otros dos imputados, M. R. M y D. A. R. A, quienes son martilleros. Ambos quedaron a cargos de la administración del contrato, lo cual implicaba cobrar el alquiler y asegurar que el locatario cumpliera las obligaciones fijadas.  En ese momento, no le fue entregada una copia original del contrato a la denunciante porque debía tramitarse el sellado de Rentas, según le explicaron los martilleros. 

El acuerdo fue por un plazo de cinco años, con vencimiento en octubre de 2022. Durante el primer año, el pago mensual se fijó en $180 mil; $216 en el segundo; $260 mil en el tercero; $310 mil en el cuarto; y $375 mil en el último. Los pagos debían hacerse en el domicilio comercial de los martilleros.

Durante el segundo año de contrato (2019), los martilleros comenzaron a entregarle a la mujer un monto menor al que le correspondía. Luego, dejaron de pagarle. La explicación que le dieron fue que era por órdenes del C. L. A, el dueño del 55 por ciento del inmueble, y quien en ese momento rompió cualquier posibilidad de contacto con la propietaria del otro 45 por ciento. 

La denunciante luego supo por lo que le dijo el martillero D. A. R. A, que existía otro contrato que había sido firmado por C. L. A y el pastor que representaba a la asociación evangélica. Ese contrato, se había firmado diez días después del original, en 2017. El martillero también le dijo que no podría hacer ningún reclamo, porque no tenía en su poder el contrato original. 

El 10 de octubre de 2017, se firmó el contrato posterior al original. A la maniobra planificada por C. L. A, se sumaron los martilleros con cuya intervención se hizo la puesta en escena, que permitió convencer al locatario de aceptar el nuevo acuerdo, donde no aparecía la dueña del 45 por ciento del local.   

Pautaron un monto de locación ficticio, diez veces menor al original. Así pagaron sellados sobre la base de ese monto, y comenzaron a hacerle pagos a la denunciante sobre la base de la suma ficticia. Pero el locatario, seguía abonando las sumas del contrato original, en la sede comercial. Así defraudaron los intereses de la denunciante. El perjuicio que le ocasionaron fue aproximado a 1,6 millón de pesos. 

Los abogados de la querella, adhirieron al planteo de la representante del Ministerio Público Fiscal.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, avaló la formulación de cargos. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.