Celia Delgado aseguró que se realizó un "trabajo técnico y jurídico" en la defensa de 15 exjefes militares y policiales imputados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 1976 y negó "comulgar" con el terrorismo de Estado.
Locales 02/12/2021
La Defensora Oficial Federal Celia Delgado aseguró este miércoles que se realizó un "trabajo técnico y jurídico" en la defensa de 15 exjefes militares y policiales imputados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 1976 y negó "comulgar" con el terrorismo de Estado.
"Nosotros decidimos no ir a lo ideológico y a lo político porque no comulgamos con el “Terrorismo de Estado; no cuestionamos el dolor de las víctimas, no cuestionamos ni se nos ocurriría poner en crisis la dimensión trágica de los hechos y porque jamás nos meteríamos con el dolor de las víctimas ni el de sus familias", expresó Delgado y remarcó: "No vamos a tolerar que se nos acuse de haber efectuado defensas ideológicas”.
La defensora oficial expuso en la audiencia de dúplicas realizada ayer en el juicio Escuelita VII de Neuquén, donde pronunció una fuerte crítica hacia el Ministerio Público Fiscal y a las querellas del juicio contra 15 exjefes militares y policiales imputados de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 1976.
Delgado contestó planteos a las réplicas realizadas por el bloque acusador al señalar que "más que una réplica se convirtió en un discurso conmovido por cierto rasgo iracundo, con cierto enojo tratando en todo momento de desplazar el objeto procesal atribuyéndonos algún sentido a los alegatos de la defensa que nunca tuvieron”.
Aseguró, en cuanto al desempeño de la defensa, que fue "un trabajo técnico, jurídico, que tiene que ver con la defensa irrestricta de las garantías independientemente de qué tipo de proceso se trate y de las personas imputadas”.
“No vamos a tolerar que se nos acuse de manera persistente de haber efectuado defensas ideológicas porque no lo hicimos, lo que hicimos fueron defensas jurídicas que pueden ser receptivas para el bloque acusador y no serlo del mismo modo para el tribunal”, insistió.
En audiencias previas, los alegatos de Delgado y de su colega Gabriela Labat, en defensa de 9 de los 15 imputados, generaron fuertes críticas y pronunciamientos públicos de organismos de Derechos Humanos de la región.
Hoy culminaron las dúplicas del bloque de la defensa, en tanto el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) dispuso que el 9 de diciembre próximo se escuchen las palabras finales de los imputados previo a la lectura del veredicto que se realizará ese mismo día.
Al séptimo tramo del juicio “Escuelita VII” llegaron a juicio 15 exjefes militares y policiales para los que el fiscal federal, José Nebbia solicitó las siguientes condenas: prisión perpetua para los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, Osvaldo Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres de las víctimas.
También requirió prisión perpetua para el exjefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén, Oscar Reinhold y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el exagente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti.
En tanto solicitó 25 años de prisión para el expiloto militar Juan José Capella y para el exsegundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Soza.
El fiscal pidió 10 años de cárcel para el excomisario de la policía de Río Negro, Desiderio Penchulef; 9 años para el exoficial de la Policía Federal, Miguel Ángel Cancrini y 8 años para el expolicía rionegrino, Enerio Huircaín.
Debido a la gravedad de los hechos ocurridos en 1976, Nebbia requirió la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y la inmediata detención de Capella, Soza, Huircaín y Penchulef.
Al mismo tiempo solicitó que las condenas se cumplan en cárcel común y que sean dadas de baja las pensiones, jubilaciones y retiros que perciben los acusados.
Las defensas rechazaron las imputaciones, pidieron la nulidad del proceso y la absolución de todos sus asistidos.
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