Aplican suspensión de juicio a prueba por caza ilegal

En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer, el fiscal del caso Manuel González, acusó a dos hombres, L.A.A y W.M.G, por la caza ilegal de ciervos en una estancia ubicada en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 60 de la ciudad de Junín de los Andes. 

La fiscalía le imputó el delito de caza furtiva y tenencia de arma de guerra, sin la debida autorización legal, en calidad de coautores (artículos 24 de la Ley 22.421, 189 bis, apartado 2, segundo párrafo y 45 del Código Penal.). 

Durante la audiencia y tras detallar la acusación, González prestó conformidad en la aplicación de la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, a los fines de resolver el conflicto primario y teniendo en cuenta que los acusados no tienen antecedentes penales. En esa línea, L.A.A y W.M.G deberán cumplir con la las siguientes reglas de conductas: deberán fijar un domicilio y en caso de mudarse, deberán informarlo con anticipación. Además tendrán que reportarse al ámbito de población judicializada, no cometer nuevos delitos y entregar el arma al Estado. 

Los imputados aceptaron el beneficio y se comprometieron a cumplir las reglas de conductas. Además en concepto de reparación, ofrecieron la entrega de una suma de dinero a la Cooperadora del Hospital de Junín de los Andes. 

De acuerdo a la teoría del Ministerio Público Fiscal el hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2021, en hora indeterminada. Los acusados, conjuntamente con una tercera persona aún no identificada, “cazaron animales de la fauna silvestre, en un campo ajeno, sin la autorización establecida”, detalló el fiscal. Ese día ingresaron a una estancia ubicada en el kilómetro 15 de la Ruta Nacional 60 de Junín de los Andes, dos de ellos caminando y otro en un auto, cazaron al menos dos ciervos, utilizando un arma de fuego. Posteriormente fueron detenidos por el personal policial. 

El juez de garantías hizo lugar al pedido de las partes y otorgó la suspensión de juicio a prueba. Además les explicó que si vuelven a tener un conflicto con la Ley penal, no podrán acceder nuevamente al beneficio por el término de ocho años. 

La suspensión de juicio a prueba es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan, tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales.