Ratifican la habilitación de etapa de juicio en el caso Fuentealba II

Un Tribunal de Impugnación declaró inadmisibles y rechazó distintos planteos realizados por las defensas de efectivos policiales acusados por su intervención en el operativo en el que se produjo el homicidio del docente Carlos Fuentealba. De este modo, se ratificó la decisión de pasar a instancia de juicio, con la acusación a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y de la querella, representada por los abogados particulares Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano. 

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2007, en el contexto de una manifestación de docentes en cercanías de la Arroyito y en la que, durante el operativo montado por la Policía provincial, el entonces cabo Darío Poblete disparó y mató a Carlos Fuentealba. Por ese hecho, el policía fue acusado y condenado a prisión perpetua, por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía. 

En otra causa que avanzó en paralelo, el Ministerio Público Fiscal investigó oportunamente las responsabilidades de otros efectivos y jefes policiales respecto del desarrollo del operativo. En 2009, el fiscal que llevaba la causa, Alfredo Velasco Copello, pidió el sobreseimiento de todos los acusados salvo de uno, Benito Ariel Matus, a quien imputó por dos hechos. El juicio nunca se concretó y, por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.

Finalmente, en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y, con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 14 de enero de 2014, fijó las pautas para hacerlo. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal venía limitado su accionar al único acusado oportunamente, pero no así la querella particular.

Fue así que el 25 de noviembre de 2021, en una decisión que fue ratificada hoy y luego de varias jornadas de audiencia, el juez de garantías Lucas Yancarelli habilitó la etapa de juicio contra Matus por abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público. En el caso de los efectivos Carlos David Salazar, Moises y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido, Mario Rinzafri, Aquiles González y Julio Lincoleo, fueron imputados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado, en algunos casos ambas figuras y en otros sólo una de ellas.