Condenada por secuestro coactivo comenzó a cumplir pena de prisión

Por pedido de la funcionaria de la fiscalía Lorena Juárez, María Cristina Villar, declarada penalmente responsable por haber mantenido de rehén a un defensor oficial en la ciudad de Zapala, comenzará a cumplir la condena que le impusieron. 

Durante la audiencia, Juárez explicó que mediante sentencia del 3 de diciembre de 2021 la imputada fue declarada, por un tribunal colegiado, penalmente responsable por el delito de secuestro coactivo en calidad de coautora (artículo 142 bis primer párrafo del Código Penal). Luego, el 4 de febrero de 2022, se le impuso la pena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, la cual fue confirmada por un tribunal de impugnación el 05 de mayo de 2022. Esta decisión fue recurrida y el 7 de junio de 2022 la sala penal del Tribunal Superior de Justicia resolvió declarar inadmisible la impugnación. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que la sentencia quedó firme, la funcionaria de la fiscalía solicitó que a partir de la fecha, María Cristina Villar comience a cumplir la condena.

Luego de escuchar los planteos de las partes, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscalía y la imputada comenzó a cumplir la condena. 

Reseña 

La teoría del caso que la fiscalía probó en el juicio son los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2021, en la ciudad de Zapala. Ese día, alrededor de las 8.50 de la mañana, Andrés Villar y su hermana, María Cristina Villar, ingresaron a la sede de la defensoría oficial de la ciudad de Zapala. Allí retuvieron ilegítimamente al defensor público Pablo Méndez durante once horas y diez minutos, con el objetivo de obligarlo a hacer una petición ante el Ministerio Público Fiscal para que se efectuara una nueva cámara Gesell en un caso en el que el hombre había sido declarado penalmente responsable. 

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo, quien intervino en el juicio, aseguró que ambos imputados planificaron su accionar y se repartieron tareas, utilizando un machete, una navaja, un palo y una cadena con candados. Intimidaron al defensor público y lo ataron a una silla para obligarlo a redactar un petitorio con diversos puntos. 

El hecho concluyó luego de que se firmara un acta con doce puntos que llevó la firma del fiscal general José Gerez y del defensor general Raúl Caferra.