Buscan reglamentar el régimen de incompatibilidad de múltiples cargos en la función pública

Leandro López y Denisse Stillger, dirigentes de Juntos por el Cambio-Pro, presentaron un proyecto para reglamentar el régimen de acumulación de cargos, empleos y funciones e incompatibilidades en la Administración pública provincial. La medida busca limitar a uno la cantidad de cargos remunerados en la función pública. La reglamentación recae sobre los artículos 157°, 158°, 178° y 304° de la Constitución Provincial.

En efecto, el artículo 158° determina que nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas aun cuando uno sea provincial y el otro nacional o municipal, a excepción del cargo de convencional constituyente. 

La iniciativa determina como incompatibles los cargos de gobernador, vicegobernador, diputados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial con el de director o cargos similares de empresas privadas con contrataciones en el sector público. El fiscal de Estado instruirá la investigación para establecer incompatibilidades en estos casos.

La ley recaerá sobre todo el personal de la administración central, entidades descentralizadas, entes autárquicos, empresas de la provincia, haciendas paraestatales, bancos, servicios de cuentas especiales, planes de obras y construcciones, servicios de obras sociales, institutos de enseñanza, asociaciones civiles y fundaciones subvencionadas por el gobierno y organismos cuya administración recaiga sobre la provincia. 

A la vez, la iniciativa busca incrementar el control sobre posibles situaciones de incompatibilidad, por lo que expresa que los organismos estatales arbitrarán los medios necesarios para detectar tales circunstancias.

Por otro lado, la propuesta fija limitaciones para el desempeño de cargos compatibles “pero ajustados a que puedan realmente cumplirse” explican el ex legislador y la concejala. Tal es el caso del personal docente, profesionales y técnicos que sí estarán autorizados a desempeñar dos o más cargos de manera simultánea. La medida fija una serie de condiciones tales como que no exista superposición de carga horaria y que no se incumplan normas éticas, etc.

“El establecimiento de incompatibilidades tiene por objeto evitar que los cargos públicos sean desempeñados por pocas personas” y favorecer así el acceso de la mayor cantidad de personas posibles, sostienen López y Stillger en la fundamentación del proyecto.