Por acuerdo, fijan 10 años de prisión para responsable de abuso sexual

En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Cecilia Sabatte, presentaron un acuerdo mediante el cual un varón G.F.E, asumió su responsabilidad y aceptó cumplir una condena, por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en un barrio de la ciudad de Neuquén. 

Los delitos que las representantes de la fiscalía le atribuyeron al imputado son abuso sexual simple -continuado-, exhibiciones obscenas –continuadas-, abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y las circunstancias de su realización y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Todos los delitos agravados por haberse cometido aprovechándose de la convivencia preexistente con la víctima menor y por la guarda, en concurso real y en carácter de autor (artículos 119 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto incisos “b” y “f” y quinto, 129, 45 y 55 del Código Penal). 

Los hechos que investigó la fiscalía y que el imputado reconoció haber cometido ocurrieron entre noviembre de 2015 y junio de 2023, en una vivienda ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén. Para cometer los abusos G.F.E, se aprovechaba de la convivencia con la víctima y de su condición de guardador de la niña. 

La defensora de los derechos de niñez y adolescencia Marcela Robeda, que intervino como querellante institucional en representación de la víctima, también estuvo a favor de la resolución del caso mediante el acuerdo presentado. 

El tribunal colegiado que intervino durante la audiencia homologó el acuerdo y de esta manera declaró la responsabilidad penal del imputado y lo condenó a 10 años de prisión efectiva. Además, los magistrados ordenaron la inscripción de la sentencia en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). 

El condenado permanece detenido en prisión preventiva desde que se le formularon los cargos en junio pasado. En aquella audiencia y para fijar la medida, se tuvo en cuenta la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga por no sometimiento al proceso y además, en que era necesario resguardar la integridad de la víctima.