El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) de Neuquén llevó adelante este viernes la tercera audiencia del juicio "Escuelita VIII", en la que escuchó las declaraciones de testigos por las actuaciones de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.

La audiencia comenzó a las 9.30 con la declaración de la integrante de Madre de Plaza de Mayo, Inés Rigo de Ragni, de 95 años, quien afirmó: "no me quiero ir de este mundo sin saber qué fue lo que hicieron con mi hijo".

"Al principio era un mar de lágrimas, hasta que nos dimos cuenta de que esas basuras se reían de nosotras al vernos llorar. No hay que llorar. Hay que estar fuerte para pedir por nuestros hijos", expresó en su relato.

El hijo de Inés, Oscar Ragni (h), desapareció el 23 de diciembre de 1976, cuando tenía 21 años, estudiaba en La Plata y con su novia integraban el centro de estudiantes y participaban de grupos religiosos con militancia barrial.

Ese verano, el joven había viajado a Neuquén para pasar las fiestas de fin de año con su familia y, años después, sobrevivientes del centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita" dieron testimonio de la presencia de Ragni en el centro de torturas que funcionó en Neuquén.

Los padres de Oscar fueron parte de las familias que presentaron varios hábeas corpus con el fin de establecer dónde se encontraban sus hijos.

El tribunal está integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, mientras que los imputados son Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.

Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.

Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Oscar Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli, Carlos Cháves, César Giliberto, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.

También el matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero, ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses.

En el mes de junio se realizó una audiencia anticipada, solicitada por la Fiscalía y las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), debido a la edad avanzada de los testigos y porque el tribunal, hasta ese momento, no había fijado la fecha de inicio del juicio.

En esa audiencia declararon el abogado Guillermo Correa y la referente de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien falleció el pasado 10 de septiembre.

Este es el octavo juicio que se realiza en la provincia por crímenes de lesa humanidad, y el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

Las declaraciones continuarán en la próxima audiencia, que se realizará el lunes 4 de diciembre a partir de las 14.30, según informó el TOF.