Formulan cargos por estafa de $400 millones con la venta de terrenos en la ciudad de Neuquén

El fiscal del caso Juan Manuel Narváez y la asistente letrada Tanya Cid formularon cargos a tres personas por estafar a 64 personas por un monto superior a los $400 millones (valor actualizado), mediante la simulación de venta de terrenos a través de la Cooperativa 14 de octubre. 

La imputación la realizaron el lunes, durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial en la que también pidieron el embargo y la inhibición de parte de las personas acusadas. 

Narváez planteó que, de acuerdo a la investigación provisoria del equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, cuatro personas intervinieron en la maniobra: M. D. R, un varón que se desempeñaba como presidente de la cooperativa; y dos mujeres, C. G, quien se desempeñaba como secretaria general de la entidad; y M. M. P. D. S, quien brindó colaboración para concretar la maniobra, guardando parte del dinero (estaba previsto acusar además a otra mujer, quien por razones de salud no estuvo presente en la audiencia y se lo hará más adelante). 

El fiscal del caso sostuvo que en el caso M. D. R y C. G, defraudaron los intereses económicos de 64 personas y le causaron un perjuicio económico conjunto de $61.916.497 y U$D 13.450, que a valor actualizado representan $393.936.364. Lo hicieron mediante el uso de la estructura de la Cooperativa 14 de octubre. “Beneficiándose por la larga trayectoria y el buen prestigio que dicha cooperativa tenía en la ciudad de Neuquén como así también, aprovechándose  de las funciones que tenían según su cargo, se pusieron de acuerdo para pergeñar esta maniobra defraudatoria”, describió. 

El periodo de tiempo de la estafa, lo ubicó entre 2016 y julio de 2022, cuando “las víctimas se dieron cuenta que no habían sido inscriptas correctamente al denominado Proyecto de Urbanización de la Meseta para acceder al terreno que ellos pensaban que habían pagado en su totalidad”, precisó Narváez. 

La estafa se concretó sobre un escenario en el cual el municipio capitalino cedió espacios en la zona de La Meseta de esta ciudad, y luego se coordinó la administración y distribución de los terrenos con otras asociaciones y organizaciones, en beneficio de sus asociados y asociadas. 

El paso posterior fue la creación de un fideicomiso en octubre de 2016, que una vez constituido designó a una empresa constructora para llevar adelante el proyecto de infraestructura, que implicaba el tendido de las redes de agua, gas, cloacas, electricidad, cordón cuneta, enripiado y apertura de calles; para generar lotes con servicios y eventualmente planes de vivienda. Los fondos saldrían de la venta de terrenos a asociadas y asociadas, y se abonarían a la empresa. 

En este contexto, las víctimas hicieron entrega del dinero a M. D. R y  C. G, en concepto, supuestamente, del pago de terrenos con servicios ubicados en el sector que hoy en día se conoce como el Barrio Balcón de la Ciudad.   

Sin embargo, el acusado y la acusada se quedaron con ese dinero para beneficio personal y de terceras personas y las víctimas, no pudieron acceder a su terreno. 

En el caso de la otra mujer acusada, M. M. P. D. S, el fiscal del caso y la asistente letrada plantearon que brindó colaboración imprescindible para que se guarde parte del dinero de la maniobra, en su cuenta bancaria personal mediante transferencias que recibió de la cuenta bancaria de la cooperativa. 

Los delitos que Narváez atribuyó a M. D. R y C. G fueron estafa genérica en concurso real por tratarse de 69 hechos en calidad de coautores; y a M. M. P. D. S estafa genérica en concurso real por tratarse de 51 hechos, como partícipe necesaria. 

Durante la audiencia de ayer, la asistente letrada solicitó que el caso sea declarado complejo, lo cual permite ampliar el plazo de la investigación. Fundamentó la solicitud en la cantidad de víctimas que tiene la investigación, y en la cantidad de hechos. 

La formulación de cargos fue avalada por el juez de garantías  y el tiempo de investigación se fijó en un año. 

Narváez y Cid requirieron diversas medidas cautelares, que el juez resolvió aplicar del siguiente modo: inhibición general de bienes, prohibición de salir del país y comparendos mensuales en sede policial, todo por un lapso de un  año, para cada persona acusada.