Lo anunció este viernes el gobernador Rolando Figueroa y destacó que “tener las cuentas ordenadas nos permite, incluso en un contexto desfavorable por la caída de los recursos, cumplir en tiempo y forma con los compromisos asumidos por el Estado”.
En una audiencia de formulación de cargos realizada el lunes, el fiscal del caso Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso acusaron a una enfermera por robar y vender vacunas del hospital en el que trabajaba y que estaban bajo su custodia.
La fiscalía le atribuyó a G.I.G el delito de peculado en calidad de autora (artículos 261 y 45 del Código Penal)
La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que el hecho ocurrió sin poder precisar la fecha exacta, pero entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de este año a las 22:15, en el centro de salud de la localidad de Taquimilán.
Durante la imputación detalló que la mujer, quien cumplía funciones como enfermera en ese lugar, en su carácter de funcionaria pública, se llevó dos vacunas contra el virus papiloma humano que pertenecían al Hospital de Chos Malal. “Estas vacunas estaban destinadas a su colocación en niños y niñas en el ámbito de salud pública", indicó Travieso.
Posteriormente, en la localidad de Las Lajas, la imputada vendió a otra mujer las vacunas por la suma de $320.000. “Con este accionar utilizó las vacunas que le fueron confiadas en razón de su función para su propio beneficio, sacando un provecho económico”, afirmó la asistente letrada.
Por último el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la imputada cometió el hecho en ocasión de su cargo y función como enfermera de un centro de salud público, a partir de que le fue confiada la custodia de las vacunas por el director del Hospital de Chos Malal. En ese sentido la asistente letrada afirmó que la mujer “quitó las vacunas de la esfera de custodia del centro de salud de Taquimilán, destinándolas a un fin extraño de los que tiene la entidad”, finalizó.
El juez de garantías Eduardo Egea dio por formulados los cargos por el delito atribuido y fijó un plazo de 3 meses para la investigación penal. Asimismo, ante el pedido del fiscal, dispuso que por el mismo término la acusada asista una vez por mes a la comisaria de Taquimilán.
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