Formulan cargos por los delitos de usurpación, instigación y coacción

El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Marcelo Jara acusaron ayer a dos hombres por su participación en diversos hechos que ocurrieron en febrero pasado y que contribuyeron a la consolidación de la toma de terrenos en la zona de calle Casimiro Gómez y la Autovía Norte. Uno de ellos, quedó detenido con prisión preventiva. 

Los acusados son E.E.L y V.A.A, quienes fueron detenidos el jueves y a quienes se les formularon cargos durante la mañana del viernes, mediante el sistema de videoconferencia.  

En el caso de E.E.L, el fiscal jefe y el fiscal del caso interpretaron que de esperar el juicio en libertad podría entorpecer la investigación, por lo que solicitaron que permanezca detenido en prisión preventiva. A él, Vignaroli y Jara le atribuyeron provisoriamente por los delitos de  usurpación, un hecho en carácter de autor;  instigación a cometer delitos, cuatro hechos en carácter de autor por determinación; y coacción, tres hechos en carácter de autor, todos en concurso real (artículos 45, 55, 181 inc. 1 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal) 

Respecto de V.A.A, su conducta se encuadró en el delito de coacción, (un hecho en carácter de coautor (artículos 45 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal). 

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías respaldó el pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal y tuvo por formulados los cargos. 

Además, y también a partir de la solicitud de la fiscalía, dictó la prisión preventiva de E.E.L. por cuatro meses. 

En el caso de V.A.A, se le prohibió acercarse a testigos del caso y tampoco podrá acercarse al lugar donde se produjo la toma de tierras. 

Los hechos que se atribuyen a E.E.L y V.A.A ocurrieron entre el 2 y el 3 de febrero pasado. El fiscal jefe y el fiscal del caso consideraron que E.E.L. instigó a los ocupantes de la denominada Toma Casimiro Gómez a usurpar distintos terrenos y, además, protagonizó la ocupación. 

También, ya iniciado el diálogo con las autoridades municipales y otros organismos para buscar una solución del conflicto, los fiscales describieron una coacción, en este caso por parte de ambos acusados y a través de terceros, a un grupo de ocupantes para evitar la firma de un acuerdo para desocupar las tierras.