Extienden la prisión preventiva para el acusado del femicidio de Laura López

Durante la audiencia el fiscal jefe solicitó la ampliación de la medida por seis meses más.

El imputado permanece detenido desde el 18 de septiembre de 2019 cuando fue detenido en el marco de la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal luego del hallazgo del cuerpo de la víctima. El próximo 18 de septiembre cumpliría el año de prisión preventiva previsto en el artículo 119 del Código Procesal Penal como plazo máximo para esta medida de coerción. Por esta razón, desde la fiscalía se requirió que se aplique la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”. 

El fiscal jefe Juan Agustín García manifestó que “siguen vigentes los peligros procesales por los cuales se dictó la medida originalmente que son la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”. Además, agregó que “la semana pasada se ha fijado una nueva fecha para la realización del juicio con fecha de inicio 26 de octubre por lo que nos encontramos ante una fecha cierta para su realización”.  

El representante de la fiscalía remarcó que esta norma generó debate pero el Tribunal Superior de Justicia ya se expidió y declaró que es constitucional. 

García remarcó también que la aplicación de esta Ley se da en un contexto que no se contrapone con el artículo 119 del Código Procesal Penal, sino que es complementaria ya que se aplica en supuestos distintos: “una es de aplicación para tiempos normales y la otra para la situación excepcional del COVID19”. 

El abogado particular que interviene como querellante en representación de la familia de Laura López, Marcelo Henriksen Velazco adhirió al requerimiento fiscal. 

El delito por el cual el Ministerio Púbico Fiscal acusó a Alfredo Escobar, y por el cual pedirá en el juicio que se lo declare responsable, es homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 80, incisos 7 y 11, 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal). 

Debido a que la expectativa de pena para los delitos imputados excede los 15 años de prisión intervendrá un jurado popular para determinar la culpabilidad o no del imputado. Como ya fue adelantado por el fiscal general "el juicio comenzará el 26 de octubre y se extenderá hasta el 30 de octubre”. 

El jurado popular estará integrado por 16 integrantes, entre hombres y mujeres distribuidos en partes iguales. Del total, 12 intervendrán en carácter de titulares y cuatro como suplentes. 

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que el 13 de septiembre de 2019 por la madrugada, cerca de las 3.40, A.E.E, pasó a buscar Laura Cielo López por su casa y luego fueron hacia la casa de él, en la ciudad de Plottier. Una vez en el inmueble, el acusado abusó sexualmente. 

Luego, con el objetivo de lograr impunidad en torno a esa conducta, la agredió físicamente con un elemento en la cabeza que le provocó la muerte. Después, seccionó el cuerpo de la víctima y se dirigió hacia la zona conocida como paraje China Muerta, donde arrojó las partes del cuerpo al río Limay, en un sector denominado Los Espigones. El domingo 15 de septiembre, pescadores encontraron las partes y al día siguiente se halló el resto del cuerpo aguas abajo.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia avaló el pedido de la fiscalía y la querella particular y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de seis meses. 

Durante la audiencia de hoy, el fiscal jefe fue asistido por la funcionaria de la fiscalía de Homicidios, Lucrecia Sola. 

Este, fue el tercer caso en el que se aplica la Ley 3234 impulsada por el fiscal general para prolongar excepcionalmente una prisión preventiva.