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El juicio por jurados por el femicidio de Laura “Cielo” López continuó hoy con la declaración de nueve testigos, entre los que figuran efectivos de la Policía provincial, criminalísticos, médicos y médicas y una amiga de la víctima.
Regionales 10/11/2020Estos testigos se suman a los siete que declararon ayer, durante la primera jornada del juicio, entre los que estuvieron familiares y conocidos de la víctima junto con efectivos de la Policía provincial que participaron de la investigación del caso, entre otros.
La finalización del juicio está prevista para el próximo viernes, cuando el fiscal jefe Juan Agustín García, junto al abogado querellante y los defensores realicen los alegatos de clausura. Luego, el jurado popular comenzará la deliberación para emitir un veredicto.
Ayer el fiscal jefe pidió al tribunal popular que el único acusado en el caso, Alfredo Escobar, sea declarado culpable. Argumentó que durante el desarrollo del juicio, la fiscalía producirá prueba suficiente para que los hombres y mujeres que integran el jurado emitan un veredicto de culpabilidad.
El juicio por jurados es el primero bajo esta modalidad que se realiza en pandemia en la provincia. Se desarrolla en la Legislatura provincial, un lugar que garantiza mejores condiciones para el distanciamiento social de quienes participan, y bajo un protocolo sanitario específico que fue elaborado por las autoridades judiciales.
El jurado popular está integrado por 16 personas, de las cuales 12 son titulares y 4 suplentes, distribuidos en partes iguales por sexo. Hasta el viernes, escucharán el relato de alrededor de 30 testigos. Para un veredicto de culpabilidad, son necesarios al menos 8 votos de los 12 integrantes titulares. Un número menor a ese, implicará un veredicto de no culpabilidad.
El delito que el fiscal jefe Agustín García atribuyó al imputado fue homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 80, incisos 7 y 11, 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal).
La teoría del caso que presentó el fiscal jefe fue que el 13 de septiembre de 2019 por la madrugada, cerca de las 3.40, Alfredo Escobar pasó a buscar a la víctima por su casa y luego fueron hacia la casa de él, en la ciudad de Plottier. Una vez en el inmueble, el acusado abusó sexualmente de ella.
Luego, con el objetivo de lograr impunidad en torno a esa conducta, la agredió físicamente con un elemento en la cabeza que le provocó la muerte. Después, seccionó el cuerpo de la víctima y se dirigió hacia la zona conocida como paraje China Muerta, donde arrojó las partes del cuerpo al río Limay, en un sector denominado Los Espigones. El domingo 15 de septiembre, pescadores encontraron partes del cuerpo y al día siguiente se halló el resto aguas abajo.
El acusado está detenido actualmente con prisión preventiva. El pasado 18 de septiembre cumplió el año de prisión preventiva máximo previsto en el artículo 119 del Código Procesal Penal. Desde la fiscalía se requirió que se aplique la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”.
El fiscal jefe Juan Agustín García, interviene en el juicio junto a las fiscales del caso Sandra Ruixo y Carolina Mauri, y Lucrecia Sola y Federico Puisegur, integrantes del Ministerio Público Fiscal. El abogado querellante es Marcelo Henriksen Velazco; los abogados defensores Elio García y Maximiliano Gómez; y el juez de garantías que dirigirá el debate, Lucas Yancarelli. Hoy, igual que ayer, el fiscal general José Gerez presenció el desarrollo del juicio.
Para realizar el juicio, tanto en la parte de selección del jurado popular como en el desarrollo, trabajó personal de la Oficina Judicial y de la Legislatura provincial.
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