En una audiencia realizada el lunes por la tarde, el fiscal del caso Marcelo Jara requirió que dos efectivos policiales, Mayra Natalia Cruz y Claudio Nicolás Gajardo Cid, junto a un tercer involucrado que no integra la fuerza, A.O.H, sean juzgados por defraudar a la administración pública mediante la confección y presentación de certificados médicos apócrifos en la Policía de Neuquén. También acordó que 23 efectivos policiales accedan a la suspensión de juicio aprueba, por presentar dichos certificados. 

Los delitos que el fiscal del caso les atribuyó a Cruz y Gajardo Cid son defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionario público en concurso ideal con falsificación de documento privado en concurso real. En relación a Cruz, reiterado en 91 hechos en calidad de partícipe necesaria y 4 hechos en carácter de autora y en cuanto a Gajardo Cid, 4 hechos en calidad de partícipe necesario y 5 hechos en carácter de autor. 

Con respecto a A.O.H, Jara le atribuyó el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipe necesario, reiterado en 22 hechos en concurso real. 

En relación a los 23 efectivos que presentaron los certificados el fiscal del caso les atribuyó los delitos de defraudación especial doblemente agravada por ser en perjuicio de la administración pública y tratarse de un funcionario público en concurso ideal con uso de documento privado falso. 

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que entre abril de 2016 y septiembre de 2019, Cruz, Gajardo Cid y A.O.H, confeccionaron y entregaron certificados médicos apócrifos que luego fueron presentados por efectivos de la Policía de Neuquén. El perjuicio económico causado a la administración pública de la provincia supera los 300 mil pesos. 

Los 23 efectivos policiales que presentaron los certificados resolvieron su situación acordando cumplir suspensiones de juicio a prueba que comprenden el cumplimiento de una serie de obligaciones entre las que se encuentran: la realización de un pago para resarcir el perjuicio ocasionado al Estado (a la Policía de Neuquén), donaciones mensuales al hospital Castro Rendón e instituciones benéficas de la ciudad, comparendos mensuales, obligación de no cometer nuevos delitos y fijar domicilio, entre otras. 

El fiscal Jara pidió también que se dicte la rebeldía y consecuente pedido de captura para un efectivo policial, N.I.M, que no se presentó a la audiencia y tampoco resolvió su situación procesal. 

El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia, hizo lugar al requerimiento de la fiscalía en relación a los tres imputados y elevo el caso a juicio. Además, el magistrado avaló los acuerdos por los cuales se fijaron las suspensiones de juicio a prueba. Finalmente, el juez dicto la rebeldía y captura solicitada por Jara en relación a N.I.M.