Se trata de dos convenios de asistencia financiera, uno para el desarrollo provincial por $1.900 millones y otro de infraestructura regional por un total de $150 millones.
Según explicó la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, “es un reclamo de las víctimas y de la sociedad civil de la Argentina, y permitirá saldar una deuda pendiente” que apunta a combatir la explotación de las personas.
El intendente capitalino dejó en claro su acompañamiento al gobernador Rolando Figueroa y su repudio por los hechos de público conocimiento que vinculan a la Legislatura.
Será el próximo martes. El plan aborda los principales desafíos del sector industrial, con el objetivo de fomentar su desarrollo y atraer las inversiones necesarias.
Cae la ley aprobada en el Congreso por un período de 5 años. El gobierno informó que no pedirá renovarla.