Piden extender preventiva a uno de los acusados de disparar a taxista

A pedido de la fiscal María Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo, una jueza de garantías aplicó la ley 3234 y prorrogó por cuatro meses la detención de F.N.P, quien junto a otras tres personas está acusado por intentar asesinar a cuatro hombres y lesionar de gravedad al taxista Miguel Ángel Sisterna. 

La teoría del Ministerio Público Fiscal es que el viernes 7 de agosto de 2020 cerca de las 16:00, F.N.P, J.E.G, H.R.S y L.J.R.A, a bordo de una camioneta, persiguieron y dispararon con armas de fuego en reiteradas oportunidades hacia un automóvil en el que se trasladaban cuatro jóvenes, todo a raíz de una disputa previa por la rotura de un vidrio de otro auto. Producto del ataque, el taxista Miguel Ángel Sisterna, que se encontraba trabajando, recibió un impacto de bala que le provocó lesiones gravísimas y puso en riesgo su vida. Luego de cometido el hecho, y tras haber efectuado los disparos, los imputados escaparon en la camioneta en la que se movilizaban. 

La situación de los cuatro imputados tomó dos direcciones distintas: en dos de los casos, H.R.S y L.J.R.A, se está trabajando en la aplicación de procedimientos abreviados, mientras que los otros dos, F.N.P y J.E.G, serán juzgados mediante el sistema de Juicio por Jurados. 

La imputación a F.N.P es por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego, en grado de tentativa y en concurso real con lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego, todo en calidad de coautor (artículos 79, 41 bis, 42, 91, 55 y 45, del Código Penal). 

Durante la audiencia realizada hoy y a partir de que las condiciones de pandemia impidieron fijar la audiencia de juicio, el asistente letrado solicitó a la juez extender por cuatro meses la prisión preventiva que viene cumpliendo F.N.P. Argumentó que los riesgos procesales por los que se dictó la medida cautelar hace casi un año se mantienen vigentes: el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. 

“En cuanto al plazo de la medida de coerción, nos encontramos en los términos de un año, y entendemos que el pedido queda cubierto con lo que indica la Ley 3234, que posibilita este tipo de prórrogas, entendiendo que la situación de pandemia es lo que ha impedido la fijación de juicio”, sostuvo Micciulo, en referencia a la normativa que, impulsada por el fiscal general José Gerez, establece la extensión excepcional de la prisión preventiva debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19. 

Los dos abogados querellantes adhirieron a los planteos de la fiscalía, mientras que las defensas particulares plantearon su oposición. 

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías hizo lugar al pedido de la fiscal del caso y del asistente letrado e impuso la prórroga de la medida cautelar por cuatro meses.