Preocupación y pedido de informe por la situación del servicio de agua en Centenario

La diputada Leticia Esteves, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de comunicación junto a su compañero de bloque Luis Aquín y el diputado Carlos Coggiola, del Partido Demócrata Cristiano, para que la Municipalidad de Centenario brinde información sobre la situación actual del servicio público de provisión de agua potable en la localidad. Por el mismo tema, también presentaron un proyecto de declaración en el que expresan preocupación por la falta de suministro del servicio en once barrios de la ciudad. 

El proyecto de comunicación solicita que el Ejecutivo municipal informe sobre la situación del servicio en los barrios Nueva España, 11 de Octubre, Herrería, Los Olivos, Santa Ángela III, Rincón del Valle, Tierra Mansa, Don José (Loteo Fulcinitti), Loteo Sabio, La Comarca y el Sector Chacras (calle 0 a calle 4). También busca conocer las causas de la falta del servicio en condiciones reglamentarias en los últimos cinco años; el cronograma de obras de provisión de agua potable proyectadas y presupuestadas para el corriente año y el plan de contingencia previsto para el primer semestre del año que permita la inmediata normalización del servicio. 

En los fundamentos, señalan que las iniciativas surgen a partir del reclamo de vecinos y vecinas de esos once barrios de la localidad, en los que viven aproximadamente 4000 personas, de las cuales 1500 son niños, niñas y adolescentes. Remarcan que la falta de agua se torna más grave en el contexto actual de ola de calor con temperaturas extremas, emergencia hídrica y de pandemia, en la que el agua es un recurso esencial para el mantenimiento de las condiciones de higiene y salubridad para evitar la propagación de contagios de COVID-19. 
Por otro lado, explican que la mayoría de los barrios habilitados por el municipio con deficiencia del servicio aún se encuentran en proceso de crecimiento, por lo que si no se toman medidas a tiempo, la situación se irá agravando a medida que se vayan desarrollando en su totalidad.

En otro tramo, subrayan que el derecho al acceso al agua potable debe ser garantizado por el Estado y mencionan que la Corte Suprema lo consideró un derecho que incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, argumentando que debe ser tutelado por la Judicatura en el campo de los derechos de incidencia colectiva. También citan la postura adoptada por Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en la cual, en diversos casos, ordenó la adopción de medidas urgentes en el contexto en que la población queda expuesta a sufrir las consecuencias de estar privada de un elemento vital.