El Estado aceptó su responsabilidad por una internación ilegal en un psiquiátrico

Representantes del Estado argentino llevaron a cabo “el reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas” por las violaciones de derechos por el caso de María del Carmen Senem de Buzzi, una mujer que permaneció internada ilegalmente en una clínica psiquiátrica en 1993 después de haber acudido a la justicia a pedir ayuda por su hijo de 19 años afectado por el consumo problemático de drogas.

Cerca del mediodía se llevó a cabo el acto de firma de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que estuvieron presentes Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Macarena Sabín Paz, coordinadora del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Mariana Moreno, directora nacional de Salud Mental y Adicciones, y María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental.

“Esto es un acto de reparación necesario para hechos que sucedieron a lo largo de nuestra historia con las mismas características y con el despojo del derecho de las personas, en la mirada de un poder judicial tutelar, patriarcal que todavía seguimos exigiendo que se ponga a altura de nuestra democracia y que pueda entender los errores que cometió en el pasado y los errores que todavía sigue cometiendo”, afirmó Pietragalla durante el encuentro.

Asimismo, aseguró que el acuerdo arribado “es un cambio de mirada, de perspectiva en lo que tiene que ver con la reparación integral del Estado hacia la víctima”, pero advirtió que “no termina solo con un pedido de disculpas, se tiene que seguir defendiendo lo que entendemos es una ley de vanguardia”, en referencia a la ley de salud mental.

“Por más que sectores conservadores quieran seguir criticándola ante hechos que suceden con impacto en la opinión pública, no se puede tirar por la borda el avance que tuvimos a lo largo de los últimos años”, enfatizó el funcionario y remarcó que “pudimos plantear una mirada diferente y con perspectiva de derechos humanos a todas las políticas integrales en salud mental”.

Por último, Pietragalla leyó en voz alta parte del acuerdo y ratificó: “En nombre del Estado argentino vengo a reconocer las responsabilidad internacionales que nos cabe por las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad, al debido proceso, a la protección judicial a la vida privada y a la no discriminación sufrida por María del Carmen Senem de Buzzi y a presentar a su hijo, Carlos Maciel, nuestras más sinceras disculpas”.

El caso

El 20 de octubre de 1993, Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia a solicitar un tratamiento para su hijo que sufría adicción a las drogas. “A partir de esta presentación, una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento”, informó el CELS que patrocina a la familia de la mujer, fallecida en 2019.

Senem de Buzzi fue “engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses”, agregó el organismo y caracterizó su caso como “paradigmático” respecto de “cuál era la respuesta estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental”.

A través de un documento el CELS precisó que “durante los primeros 15 días de internación, María del Carmen permaneció completamente aislada, sin tener ningún contacto con el mundo exterior ni con su familia, en condiciones muy precarias que le provocaron distintas enfermedades” y agregó: “Su voz y opinión fueron ignoradas de manera sistemática”.

“Jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico”, además en todo el tiempo que duró esta internación compulsiva a ilegal, “los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron presentaciones judiciales adecuadas en defensa de sus derechos”, pero además “el juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad”.

Tras recuperar su libertar, Senem “presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado” en todas las instancias, es decir que a nivel nacional “le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos”, razón por la cual el caso fue presentado ante la CIDH donde ahora se alcanzó este acuerdo.

El convenio alcanzado establece que el Estado argentino asuma su responsabilidad internacional, pida disculpas y se lleven a cabo una serie de medidas de prevención como la promoción de la implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental; la presentación de planes de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Así como también la “adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires; capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psico-social”, se precisó durante el encuentro.