
El ministro de Seguridad confirmó que están culminando la reglamentación de la ley provincial 3474, paso previo para adquirir los dispositivos. También se formaron policías como instructores para capacitar a los efectivos que las utilizarán.
La resolución se conoció este viernes durante una audiencia virtual, tras la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas el miércoles pasado.
Regionales11/06/2022La jueza de Garantías de Cutral Có, en Neuquén, Laura Barbé dio por formulados los cargos presentados por la fiscalía y la querella contra dos funcionarios del Consejo Provincial de Educación (CPE) en la causa en la que se investiga la explosión de la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del año pasado y que provocó la muerte de tres personas.
La resolución se conoció este viernes durante una audiencia virtual, tras la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas el miércoles pasado.
Los imputados son el director de Ruralidad del CPE, Fabio Antonio Luna y la directora de Educación Primaria, Patricia Delia Cressatti por los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo, en perjuicio de la docente Mónica Jara, en concurso ideal y en carácter de autor (artículos 248, 84, 54 y 45 del Código Penal)”.
La explosión provocó también la muerte del gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.
Las fiscales Sandra González Taboada y Gabriela Macaya acusaron a Luna y Cressatti de “no haber informado al Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural N°144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021”.
González Taboada aseguró que “esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a clases presenciales” y también les atribuyó “una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio”.
Las querellas particulares, en representación de las víctimas, adhirieron a la formulación de cargos, en tanto la defensa de los imputados rechazó las imputaciones.
Con estos dos nuevos acusados, son 10 las personas imputadas en la causa, 7 de las cuales son funcionarios públicos y tres corresponden a la empresa constructora Arte SRL, a cargo de la obra.
Las primeras ocho imputaciones se realizaron en una audiencia en el mes de abril pasado en los tribunales de Cutral Co contra las siguientes personas: Roberto Deza (Subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (Director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (Director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas.
También del Ministerio de Educación: Gabriel Potás (Coordinador de Infraestructura) y de la empresa constructora, Arte S.R.L., Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni y el Maestro mayor de obra, Eduardo Afione.
El ministro de Seguridad confirmó que están culminando la reglamentación de la ley provincial 3474, paso previo para adquirir los dispositivos. También se formaron policías como instructores para capacitar a los efectivos que las utilizarán.
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Todos los acusados deberán asistir a la próxima audiencia.