Defensores impugnaron la causa que investiga la explosión de una escuela en Neuquén

Los imputados hasta el momento son 10, de las cuales 7 son funcionarios públicos y tres corresponden a la empresa constructora Arte SRL, a cargo de la obra.
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Las defensas de imputados en la causa abierta por la explosión de la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, en Neuquén, que provocó la muerte de tres personas, impugnaron la investigación al pretender que la causa se divida en dos por una cuestión de competencia, según los planteos presentados en una audiencia de impugnación realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén presidida por el juez Fernando Zvilling junto a sus pares Liliana Deiub y Federico Sommer.

Los abogados Martín Segovia, Melina Poser y Gonzalo Rodríguez solicitaron al Tribunal de Impugnación que los delitos de fraude al estado achacadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las querellas se trate en forma autónoma al de la explosión de la escuela que causó la muerte de la docente Mónica Jara y los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

Los letrados representan a funcionarios del área de obras públicas de la provincia y a uno de los imputados de la empresa constructora ARTE SRL, a cargo de la obra.

El reclamo es que se sustancie una causa separada de la principal en la primera circunscripción judicial con sede en la capital de Neuquén, mientras la original por la explosión continúe su desarrollo en los tribunales de Cutral Có.

En tanto, el abogado Juan Coto pidió la impugnación de una declaración que su defendido Gabriel Potas, coordinador de Infraestructura de Obras Públicas, brindó voluntariamente antes de que se produjera el incidente que provocó la muerte de tres personas.

Tras escuchar las argumentaciones de impugnación y las réplicas de la Fiscalía y las querellas, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 12.30 para dar a conocer su resolución.

La Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) emitió un comunicado al finalizar la audiencia donde señala que “los imputados intentan justificar que se trata de conductas que nada tuvieron que ver con el resultado final. Claramente es una estrategia por la que buscan impunidad”, afirmaron.

La explosión en el establecimiento educativo se produjo por una pérdida de gas el 29 de junio de 2021.

Los imputados hasta el momento son 10, de las cuales 7 son funcionarios públicos y tres corresponden a la empresa constructora Arte SRL, a cargo de la obra.

Las primeras ocho imputaciones se realizaron en una audiencia en el mes de abril pasado en los tribunales de Cutral Co contra las siguientes personas: Roberto Deza (Subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (Director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (Director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas.

También del Ministerio de Educación: Gabriel Potás (Coordinador de Infraestructura) y de la empresa constructora, Arte S.R.L., Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni y el Maestro mayor de obra, Eduardo Afione

Las dos últimas acusaciones se realizaron el viernes pasado contra Fabio Antonio Luna, director de Escuelas Rurales y Patricia Delia Cressatti, directora de Nivel Primario del Consejo Provincial de Educación (CPE).

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