Presentan propuesta para urbanizar en 12 años a las 4500 tomas del país

El Encuentro Nacional de la Mesa de Barrios Populares bajo el lema: “Hacia una política pública para la integración sociourbana de los barrios”, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con la presencia de representantes de distintas fuerzas políticas y de los referentes que conforman la Mesa: TECHO, Cáritas, Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El director ejecutivo de Techo, Virgilio Gregorini, precisó -en diálogo con Telam- que “la propuesta es lo que a la Sociedad civil le toca hacer con el Estado: no sólo pelearlo, -quizás un poco a veces-, sino también hacerle propuestas para que mejore su política pública”.

Gregorini recordó que “el Estado no tenía un Registro de Barrios Populares, el único antecedente grande lo había hecho la organización Techo, más adelante -ahora sí con fondos del Estado- completamos el relevamiento de todo el país y con el decreto 358 del 2017 y la ley 27.453 de Integración socio urbana de barrios populares, del año pasado, el Estado los reconoció favorablemente y creó el Registro Nacional de Barrios Populares, que contabilizó la existencia de más de 4.500 asentamientos".

A partir de conocer este número, Gregorini dijo que se pusieron "a hacer cálculos sobre lo que falta hacer y lo que el Estado no venía haciendo, cuánto implica en recursos urbanizar estos 4.500 asentamientos". 

"Esto es lo que hicimos y esta es básicamente la propuesta que le presentamos hoy a los que van a competir este año por la presidencia”, agregó.

El cálculo estimado por las organizaciones sociales para este proyecto fue de 26 mil millones de dólares. 

“La buena noticia es que si bien son muchos los recursos necesarios, son recursos posibles, ya que son menos de los que el país recibió en préstamos, en estos últimos años, sumado a que hay fuentes de financiamiento que hay que trabajar”, dijo, y precisó que “hay muchos recursos que el Estado ya está invirtiendo en los barrios más populares, tal vez desordenadamente y desinteligentemente”. 

El proyecto presentado hoy es a 12 años, e insistió en que “se trata de un borrador”, de “una primera aproximación”, ya que “todavía faltan alteraciones que deben ser vistas por más economistas y especialistas en presupuesto público”.

Por último Gregorini enumeró los puntos principales sobre los que está estructurada la propuesta: Infraestructura como agua, saneamiento, luz, gas; servicios sociales de calidad en educación, transporte y justicia; mejoramiento de vivienda; acceso a los materiales con precios accesibles y crédito.

También mencionó la necesidad de asistencia técnica del Estado; el acceso al suelo para las próximas generaciones; el control ciudadano y la participación popular. 

“Es fundamental hacer los procesos de manera mucho más efectiva, claros y con rendimiento de cuentas para lograr que nadie en la Argentina viva sin los servicios básicos”, concluyó.