De esta forma, la ley constituirá el marco legal para la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles públicos o privados, a los fines de clasificarlos de acuerdo al consumo de energía primaria relacionada a su utilización. 

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales, que será la autoridad de aplicación, elaborará el formato y las características del etiquetado en cuestión, que variarán entre las siete categorías nomencladas desde la letra A –mayor eficiencia energética- hasta la letra G –menor eficiencia energética-, estableciendo las correspondencias entre cada letra y rangos de valores del Índice de Prestación Energética (IPE). 

Este último constituye la cantidad estimada de energía primaria que demandaría la utilización de un inmueble durante un año en relación a la superficie del mismo, para satisfacer las necesidades de calefacción invernal, climatización estival, calentamiento de agua con destino sanitario e iluminación. El IPE se expresa con valor numérico en kWh/ m2 año.

El articulado crea, además, el Registro Provincial de Etiquetas de Eficiencia Energética de Inmuebles (RePEEI), en el que se inscribirán las etiquetas emitidas por la autoridad de aplicación con relación a los inmuebles que la hayan obtenido.

La etiqueta estará determinada por aspectos relacionados al diseño arquitectónico de la vivienda: orientación, protecciones solares, los sistemas constructivos utilizados, la calidad y estado de las aberturas, las infiltraciones de aire, los sistemas de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua e iluminación instalados, y las eventuales instalaciones de energías renovables.

Los fundamentos aseguran que “los grandes desafíos de la actualidad están relacionados a la energía”, constituyendo el centro de las discusiones políticas alrededor del autoabastecimiento, la soberanía de los recursos naturales y la transición social y ecológica que imponen problemas cada vez más agudos como el calentamiento global y la crisis hídrica, en particular en la provincia de Neuquén.

Frente a tal escenario, la diputada y el diputado del bloque Siempre impulsan un nuevo marco normativo para achicar los consumos de la energía primaria de inmuebles, públicos y privados, que disminuyan los costos asociados a su uso y los costos ambientales implicados en la generación. Remarcan que la etiqueta sugerida ya se aplica en electrodomésticos o artefactos del hogar que utilizan electricidad o gas para su funcionamiento, en particular aquellos de refrigeración o calentamiento.