Condenan a un abogado por una defraudación de USD 79 mil

En junio, luego de dos días de juicio, Alejo Fabián Sosa fue declarado responsable penal del delito de defraudación por retención indebida.
fiscalia SMA

Un abogado acusado por una defraudación de 79 mil dólares, fue condenado a una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para ejercer su profesión. 

En junio, luego de dos días de juicio, Alejo Fabián Sosa fue declarado responsable penal del delito de defraudación por retención indebida.

Durante la audiencia de determinación de la pena realizada el martes, el fiscal del caso Adrián de Lillo había solicitado una pena de 2 años de cumplimiento en suspenso e inhabilitación de la matricula por el plazo de un año. 

El abogado querellante, quien intervino en representación de la víctima, adhirió al pedido de la fiscalía. 

El tribunal unipersonal resolvió condenar al acusado a 1 año de  prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación de su profesión por el mismo plazo: “son penas justas y proporcionales al hecho cometido”, indicó. 

Además, el imputado deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas, no cometer nuevos delitos y someterse al control de población judicializada. 

Reseña 

De acuerdo a la acusación que hizo De Lillo, el abogado matriculado en la zona cordillerana, defraudó a otra abogada y un abogado por un monto de 79.992 dólares. Esto ocurrió durante el mes de julio de 2006. El acusado junto a otra abogada y otro abogado, suscribieron un acuerdo de honorarios para trabajar en conjunto un caso. Este caso ocurrió en junio de 2005 en la ciudad de Villa La Angostura, y una persona falleció. Entre los tres, asesoraron a la mujer de la víctima que se constituyó como querellante.

Los dos abogados y la abogada acordaron que, si bien los honorarios serían regulados a favor del profesional que resultó imputado por ser de la ciudad, la totalidad de los mismos serían distribuidos en partes iguales entre ellos.

El acusado, entre el 10 y 15 de diciembre de 2018, en la ciudad de San Martín de los Andes, cobró el importe total de 120 mil dólares y retuvo indebidamente la parte correspondiente a sus colegas, a quienes en conjunto les correspondían dos tercios de lo cobrado. 

Esto ocurrió “pese a haber sido intimado expresamente a la entrega de dicho monto mediante carta documento de Octubre de 2019”, planteó el representante del Ministerio Público Fiscal.

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