
De esta manera, los incrementos alcanzan un acumulado del 200 % para el segundo trimestre del año para supervisiones; del 275% para gastos generales escolares y del 125% para talleres de escuelas técnicas.
Por pedido de la fiscal del caso María Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Micciulo, un tribunal de dos jueces y una jueza ratificó por unanimidad la prisión preventiva de uno de los acusados por el homicidio de Miguel Auer.
Regionales20/11/2022En total son tres las personas imputadas, pero en este caso la defensa pretendió morigerar la medida cautelar para que la detención pasara a ser domiciliaria. La situación de los otros dos detenidos, a quienes oportunamente se les impuso prisión preventiva por 1 mes y por 6 meses respectivamente, no se abordó en la audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial.
Frente a la pretensión de la defensa, la fiscal Titanti recordó los motivos por los que el acusado, J.A.F, permanece detenido. Explicó que el lunes 24 de octubre, a las 12:30, junto a J.M.S y a G.C dieron muerte a Miguel Angel Auer en una oficina céntrica de la ciudad. “Previo a haber engañado a la víctima, a la que habían contactado días anteriores para cambiar dólares conforme a un plan preacordado, pretendieron sustraerle dinero”, apuntó respecto del móvil del crimen. Titanti continuó el relato y explicó que “G.C tocó el portero en la planta baja baja y Auer le abrió”, pero que ingresaron los tres, que subieron por el ascensor pero que J.A.F y J.M.S bajaron antes, para acceder a la oficina por la escalera porque “habían visto que había cámaras de seguridad”. “G.C salió del ascensor y cuando fue atendido, rápidamente J.A.F y J.M.S aparecieron, este último un arma y J.A.F con un inhibidor de alarmas. Al ver qué la víctima tenía un arma, J.M.S efectuó dos disparos y los tres se dieron a la fuga por la escalera”, concluyó la fiscal.
Luego explicó que Miguel Auer murió el 4 de noviembre, pero que desde el día del hecho, los tres imputados realizaron maniobras para evadir el proceso y para entorpecer la investigación. Desde la fiscalía se explicó al tribunal que esos dos riesgos procesales consideró probados en el accionar de J.A.F, de J.M.S y G.C el juez que impuso la preventiva, aunque la situación de estos últimos dos no se abordó durante la audiencia de hoy.
También destacó que la calificación provisoria para el hecho es homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores (artículos 41 bis, 165 y 45 del Código Penal), pero que incluso la acusación podría derivar en un encuadre de mayor gravedad.
Titanti señaló además que “al momento de analizar la medida de coerción, no hubo errónea aplicación de la ley ni una falta de fundamentación por parte del juez”, lo que hubiera habilitado alguna corrección por parte del tribunal revisor, y que incluso el magistrado sólo se basó en “fundamentos que aportamos las partes” para imponer la prisión preventiva.
Entre otros argumentos, la fiscal recordó que luego del hecho, J.A.F se trasladó a Villa Lugano y que, cuando una comisión policial viajó a la provincia de Buenos Aires para cumplir con la orden de detención dispuesta el 4 de noviembre, volvió a trasladarse a Mendoza. Allí fue capturado junto a J.M.S. Este último fue detenido en la puerta de una casa, pero J.A.F intentó escapar por los techos y atravesó 9 lotes, vestido con la ropa que utiliza personal del área de limpieza urbana de la municipalidad de Las Heras. La fiscal recordó que el día del hecho los tres imputados se habían caracterizado con vestimentas que no utilizan habitualmente.
Titanti, quien intervino en la audiencia junto al asistente letrado Bruno Micciulo, solicitó al tribunal revisor que ratifique la medida de coerción impuesta.
Al momento de resolver, los magistrados y la magistrada destacaron la calidad de la prueba objetiva que presentó la fiscalía frente a una coartada “débil”, ante un hecho grave en el que se actuó con “total desprecio por la vida”, y confirmaron la medida cautelar por unanimidad.
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De esta manera, los incrementos alcanzan un acumulado del 200 % para el segundo trimestre del año para supervisiones; del 275% para gastos generales escolares y del 125% para talleres de escuelas técnicas.
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