Por pedido de la fiscal jefa Sandra González Taboada y de la fiscal del caso Gabriela Macaya, un tribunal rechazó el planteo de una de las defensas en la causa en que se investiga la explosión ocurrida en una escuela albergue del interior de la provincia, mediante el que se intentaba revertir la declaración de caso complejo que dictó una jueza de garantías. 

Esta condición, obtenida también a partir de una solicitud de la fiscalía el 21 de diciembre, es la que permitirá que tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas particulares por parte de las víctimas tengan más tiempo que el habitual para profundizar la investigación y, en caso de ser necesario, solicitar nuevas pruebas. 

Ocurrió durante una audiencia desarrollada el jueves ante un tribunal de impugnación. La defensa de uno de los acusados (intervienen otros seis equipos de defensores, entre oficiales y particulares) argumentó que la declaración de caso complejo, que extiende los plazos máximos previstos para desarrollar la investigación preliminar, lesionaba garantías constitucionales.

Frente al planteo, la fiscal jefa González Taboada replicó que, previo a analizar cualquier argumento de fondo, debía declararse la inadmisibilidad del recurso, ya que es una acción que debe analizarse cuando su resolución se equipare a “una sentencia definitiva” y no cuando apunta a darle continuidad al proceso. 

González Taboada, recordó que la jueza de garantías que declaró la complejidad de la causa se basó en los argumentos de la fiscalía para requerir un mayor plazo para desarrollar la investigación. Y para graficar las dificultades para acceder a información relacionada con el caso, afirmó que la fiscalía y las querellas “nos encontramos con paredones, no paredes” ante cada requerimiento. A modo de ejemplo, detalló que la “sola apertura de computadoras y celulares legalmente secuestrados, llevó meses”. Informó que “lo que se abrió, se está analizando desde noviembre” y que resta verificar más de “4.000 imágenes, 500 videos, 9.000 audios y 3.000 llamadas”. “Estos resultados nos obligan quizás a producir otras medidas de prueba. Y por eso no nos alcanza el plazo ordinario. Y eso le dijimos a la jueza, que lo recepcionó”,  agregó la fiscal jefa. 

Las querellas particulares adhirieron al planteo de la fiscalía y, tras un cuarto intermedio, el Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el recurso de la defensa. De este modo, la causa en la que se investiga la explosión en la que fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi, tendrá un plazo mayor que el habitual para su desarrollo: el cierre de la investigación preparatoria se fijó para el 26 de abril de 2023.