Planes Sociales: prorrogan medidas cautelares por 6 meses

Así lo solicitó el fiscal jefe Pablo Vignaroli durante una audiencia realizada hoy, ante el vencimiento de la prisión preventiva en ambos casos. Pese a la oposición de las defensas, que solicitaron que la detención pasara al régimen domiciliario, la jueza de garantías se inclinó por el planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la fiscalía de Estado. 

La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido. 

Distingue niveles de responsabilidad, poniendo como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. De ellos, Soiza y Osuna cumplen prisión preventiva y Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria; mientras que Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes. 

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas - entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra. 

Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).