Solicitaron recomposición salarial con ajuste trimestral para personal del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, presentó un proyecto para autorizar una nueva escala de remuneraciones del personal del Poder Judicial para este año. La suma, acordada con el gremio Sejun, apunta a “atender la erosión del poder adquisitivo que han sufrido los salarios por efecto de la inflación”. Los fundamentos adjuntan el acuerdo, que asegura que la mayor erogación en el inciso "Personal" que implicaría la aprobación de la propuesta, está contemplada en el presupuesto vigente de dicho Poder.

El articulado prevé un aumento que comenzará a regir a partir de abril, en la asignación de la categoría MF-1 y en las especiales -creadas por leyes 2350 y 2526-, calculado sobre los salarios devengados a marzo, consistente en la aplicación del porcentaje surgido de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del primer trimestre del año.

Dicho aumento se replicará en julio, octubre y enero del 2026, con igual criterio de incremento trimestral en función del IPC del trimestre anterior correspondiente.

El índice a aplicar se calculará en base al promedio del IPC Nacional y el provincial.

Los fundamentos aseguran que la medida apunta a hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo producto del impacto de la inflación, permitiendo así “otorgar previsibilidad, garantizar la paz social y por ende una efectiva prestación del servicio de justicia evitando conflictos y generando estabilidad en la gestión financiera”.

Más adelante aclaran que la política salarial acordada fue analizada “integralmente en concordancia” con los parámetros remuneratorios de los restantes sectores de la actividad pública. Además, recuerdan que el presupuesto judicial –ley 3483- contempla la aplicación de recomposición en los haberes, enmarcada en la política macrofiscal y bajo el compromiso de mayor asistencia financiera por parte del Ejecutivo provincial ante cualquier desvío del indicador, de modo de permitir el pleno y normal funcionamiento del servicio de justicia.