La senadora Silvia Sapag declaró en el juicio contra exjuez y exfiscal de la dictadura

La senadora Silvia Sapag brindó hoy en Neuquén una declaración, junto a otros testigos, en una nueva audiencia del juicio "Escuelita VIII", que se lleva adelante por las actuaciones de los exfuncionarios judiciales Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.

La audiencia comenzó con el testimonio de la senadora, hija de quien fuera cinco veces gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, y hermana de Ricardo y Enrique, ambos asesinados en 1977.

Sapag señaló que “no se podía confiar en las autoridades en ese momento”, y explicó que “las denuncias se radicaban igual, porque uno tenia que hacer lo que tenía que hacer”.

Además, recordó que el exjuez Duarte vivía en pleno centro de la ciudad de Neuquén, al lado del del Tribunal Superior de Justicia donde todo ocurría en aquellos años, como las misas del obispo Jaime De Nevares, "en las que se pedía por los desaparecidos”.

“El cortejo fúnebre de mis dos hermanos, con tres meses de diferencia en 1977, pasó frente a la casa de Pedro Duarte”, contó la senadora.

Luego, en diálogo con la prensa, explicó que a su padre "se lo quería mucho y todos sabemos el dolor que puede causar la muerte de un hijo".

"El pueblo se volcó a acompañar a mi papá, a mi mamá y a todos nosotros, y pasamos por la casa de él; entonces, no puede ser que no sepa qué era lo que estaba pasando", dijo Sapag.

El segundo testimonio de la audiencia fue el de Octavio Méndez, que tenía 15 años en 1976, cuando lo secuestraron y torturaron al sacarlo del secundario durante el operativo Cutral Co, para preguntarle por su hermano José, conscripto del RIM 26 de la localidad de Junín de los Andes.

Los padres de Méndez fueron a ver a José el 19 de junio de 1976 porque debía jurar la bandera, y en el cuartel les dijeron que se había ido "en comisión".

El testigo afirmó que sus padres radicaron denuncias a lo largo de los años, también en septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó la Argentina para relevar la situación en el país.

La audiencia finalizó con el testimonio de Adriana Metz, que tenía un año cuando sus padres Graciela Romero (que en ese momento estaba embarazada) y Raúl Metz fueron secuestrados en la localidad de Cutral Co, el 16 de septiembre de 1976.

Graciela y Raúl permanecen desaparecidos, mientras que su hermano nació en cautiverio y Adriana continúa buscándolo.

Según los testimonios de otros detenidos, su mamá dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977 en el Centro Clandestino de Detención “La escuelita” de Bahía Blanca.

“Mi abuelo, como la mayoría de las familias de desaparecidos, hacía cartas pidiendo información; le escribió a un juez federal de Neuquén pidiéndole que haga las diligencias necesarias para dar con su paradero", precisó.

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén está integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, mientras que los imputados son Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.

Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.

Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato, una figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

En la primera audiencia de "Escuelita VIII", el 20 de octubre de 2023, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani indicó que a los imputados, quienes se despeñaron como magistrados de la Justicia Federal dentro de la órbita de la provincia de Neuquén, "se los vincula con la violación a los derechos humanos cometidos en esta jurisdicción por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), en perjuicio de las víctimas que militaban, en su mayoría, en agrupaciones políticas, entre los años 1976 y 1983".

En el escrito de elevación a juicio, se precisó la colaboración expresa que tanto Duarte como Ortiz prestaron en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica, Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Oscar Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli, Carlos Chaves, César Giliberto, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.

También el matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero, ambos desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses.

En el mes de junio se realizó una audiencia anticipada, solicitada por la Fiscalía y las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), debido a la edad avanzada de los testigos y porque el tribunal, hasta ese momento, no había fijado la fecha de inicio del juicio.

En esa audiencia declararon el abogado Guillermo Correa y la referente de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, quien falleció el pasado 10 de septiembre.

Se trata del octavo juicio que se realiza en la provincia por crímenes de lesa humanidad, y el primero que aborda la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado.

La próxima audiencia está prevista para el miércoles 6 de marzo a las 14.