La “casta” sigue vigente, pero el zoom anticorrupción apuntó al ACARA: ¿cómo se financia?

En un nuevo episodio que pone de manifiesto la persistencia de prácticas corruptas en diversas instituciones del país, la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) está siendo señalado por operar un esquema de financiamiento opaco y sin control.

Este entramado aceitoso involucra un convenio con el Ministerio de Justicia que permite compras y contrataciones sin licitación, saltándose así las normas del Estado. Los que conocen el “otro lado del mostrador”, es un sistema opaco de ayuda.

El Ente Cooperador ACARA, gestionado por esta asociación, se financia mediante una amplia gama de ingresos. Entre ellos se encuentran los formularios para la compra y venta de autos, sellos, cédulas para conducir y chapas patentes. Este mecanismo permitió la acumulación de una gran cantidad de dinero, estimada en 10 mil millones de pesos anuales, todo sin una auditoría como se demandó para las universidades.

Este sistema se originó casi al mismo tiempo que los más conocidos Registros de la Propiedad Automotor, un viejo artilugio utilizado para favorecer a familiares de políticos y jueces. Estos registros están actualmente bajo revisión, pero han sido una fuente importante de ingresos para el Fondo.

Ricardo Salomé, ex presidente de ACARA y propietario del grupo Galia de concesionarias de La Plata, denunció que estos entes como ACARA no deberían existir de manera autónoma, sino que tendrían que estar integrados en el presupuesto nacional. 

En sus declaraciones, Salomé, que llevaba décadas en la entidad antes de ser desplazado, blanqueó un hecho poco conocido: el Ente paga los sueldos de 4.800 empleados que trabajan en el Ministerio de Justicia y también cubre los incentivos para el personal de planta.

ACARA, además, administra otros tres fondos. Uno de estos, mayor aún que el de Justicia, se gestiona en conjunto con provincias y municipios. Los otros dos están relacionados con la Agencia de Seguridad Vial y el Ministerio de Seguridad, y se destinan a la compra de vehículos y el pago de sueldos, todo financiado con el dinero recaudado por la cédula azul. Esta estructura está diseñada de tal manera que dificulta comprender lo que realmente sucede detrás de escena.

La denuncia de Salomé no solo pone en evidencia estas prácticas irregulares, sino que también destaca la falta de acción de las gestiones gubernamentales que, según él, no han tenido el coraje de enfrentar estos problemas.

La supuesta corrupción en ACARA es un ejemplo más de cómo las instituciones pueden ser manipuladas para beneficio de unos pocos, manteniendo sistemas complejos y opacos que facilitan el desvío de fondos públicos. 

(NA)