Hidrocarburos inició el debate para reconvertir a gas la fractura hidráulica

La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones comenzó a debatir la iniciativa que fija un plazo de siete años para que las empresas del sector hidrocarburífero dejen de utilizar fracturadores impulsados por combustible líquido y los suplanten por motores que funcionen a gas.

Además, recibió —en forma virtual— al investigador del Conicet, Jonathan Nuñez, en el marco del proyecto que solicita la recuperación por parte de la provincia  de represas hidroeléctricas. La comisión funcionó en minoría.
 
El proyecto pertenece al legislador Darío Martínez (UxP) e impulsa un plan de transición que permita disminuir las emisiones de dióxido de Carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), metano (CH4), partículas sólidas y demás gases contaminantes que genera la utilización de diesel.  
 
“Queremos que las empresas reconviertan los motores de fractura de diesel a gas y así disminuir las emisiones que las empresas generan al operar en Vaca Muerta”, sostuvo Martínez al recordar que en promedio las operaciones de fractura le demandan 12 millones de litros de diesel al año.
 
En ese sentido, el legislador resaltó la necesidad de impulsar una normativa que revierta esta tendencia y auspicie la reconversión de motores a gas, insumo que reduce entre un 20 y un 45% la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, entre otros beneficios. También consideró como un beneficio adicional el poder utilizar como fuente de energía el mismo gas que se obtiene en aquellos pozos en los cuales su extracción se encuentra asociada a la del petróleo.
 
En su exposición, Martínez consideró oportuno el momento para poder debatir la normativa al señalar que en la actualidad las empresas deben incorporar más equipos para expandir su nivel de producción. Al respecto, sostuvo que la implementación de un esquema de plazos le permite a las empresas poder “realizar una migración sostenida hacia energías más limpias” y asociadas a un costo menor de funcionamiento.
 
“Por cuestiones de costos y cuidado del medioambiente, las empresas van a adoptar este tipo de fracturas a gas”, afirmó Martínez al pronosticar que Vaca Muerta se dirige hacia un escenario con “mayor cantidad de facturadores a gas para contaminar menos”.
 
Al comienzo de la reunión, el cuerpo recibió en forma virtual al investigador del Conicet, Jonathan Nuñez, quien se especializó en el proceso de privatización de represas hidroeléctricas durante la década del ’90. Nuñez expuso en el marco del tratamiento de la iniciativa que se expresa a favor de la recuperación de las represas hidroeléctricas y fomenta la creación del Ente Interjurisdiccional de Energía Hidroeléctrica.
 
Al hablar, el invitado destacó que el costo de amortización de las represas construidas durante las décadas del ’70 y del ’80 en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén se terminó de cubrir y pagar entre los años 2007 y 2010. Al respecto, recordó que en términos reales las concesionarias, desde 1993 a la fecha, sólo debieron abonar por su usufructo un 10% del valor que demandó su construcción y puesta en funcionamiento.
 
En ese sentido, Nuñez consideró que desde 2010 a la fecha el Estado podría haber empezado a recuperar la inversión realizada, no obstante no sólo ese usufructo quedó en manos privadas, sino que también la renta anual de lo generado por todas las represas instaladas en el país alcanza valores que oscilan entre los 350 y los 400 millones de dólares anuales. “Esa renta fue captada por el privado”, observó.  
 
A la vez, el investigador del Conicet se pronunció a favor de ampliar la matriz energética al considerar que la misma se encuentra “subutilizada”. Sostuvo que Argentina utiliza entre un 60 y un 65% de gas para motorizar su industria y consumo e indicó que la electricidad tiene la capacidad de avanzar en muchos rubros, sobre todo los vinculados a la movilidad.
 
Al ser consultado sobre otros Estados que decidieron no privatizar sus recursos hidroeléctricos. Nuñez recordó que el vecino país de Brasil cuenta con un 70% de sus recursos de generación eléctrica bajo la órbita estatal y añadió que en China el porcentaje llega al 100% y continúa construyendo represas en su territorio.