Sancionan leyes de moratoria impositiva y de ampliación de obras a financiar con crédito internacional

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría, y en sesión especial, la ley 3450 que establece una moratoria fiscal para contribuyentes y la adhesión al blanqueo de capitales; e hizo lo propio con la ley 3449 que incorpora obras al anexo de la norma sancionada en abril pasado para autorizar la obtención de financiamiento por hasta 500 millones de dólares. Ambas propuestas fueron enviadas por el Poder Ejecutivo provincial. Además, el cuerpo votó la ley 3451 que faculta a descontar las deudas vencidas con el Estado provincial al personal de los tres poderes públicos. 

La regularización de obligaciones impositivas obtuvo 31 votos afirmativos y 2 negativos, provenientes de los bloques PTS-FIT-U y FIT-U.  

En su intervención como miembro informante, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) explicó que la ley se compone de tres capítulos vinculados a un régimen de regularización impositiva, un “blanqueo de capitales” en moneda extranjera y una actualización de los montos del denominado régimen simplificado. 

En cuanto a la moratoria, Bermúdez detalló que se prevén dos métodos de cancelación de deuda tributaria, mediante contado -con quitas de entre el 50 y el 70%- o mediante un plan de cuotas -con distintos porcentajes de cancelación de intereses-. Calificó de “absolutamente necesario” un régimen de tales características en momentos de recesión e inflación que impacta directamente en la recaudación tributaria. 

Al referirse a la adhesión al régimen de regularización de activos nacional, recientemente implementado por la ley 27743 y la creación de uno provincial, el diputado explicó que se gravará cuando la exteriorización supere los 100 mil dólares, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

Finalmente, señaló que es “oportuno, pertinente y necesario” el título III, referido a la actualización de los montos y las escalas previstas en el régimen simplificado; y comparó los valores finales con otras jurisdicciones, ocasión en la que aseguró que Neuquén tendrá menos presión tributaria que otras provincias. 

Desde el PTS-FIT-U y FIT-U, Andrés Blanco y Gabriela Suppicich, cuestionaron la celeridad del tratamiento de la propuesta y criticaron en particular el título referido al blanqueo de capitales en tanto, según consideraron, constituye un reconocimiento a evasores que produjeron sus ingresos basados en negocios ilícitos. 

En tanto, desde el  bloque UxP, si bien votaron a favor por contemplar la norma una moratoria por obligaciones tributarias, Darío Peralta y Lorena Parrilli, objetaron el capítulo vinculado al blanqueo y lamentaron que no se hayan tratado en normas distintas. 

Ampliación de obras con financiamiento del CAF

La incorporación de obras al anexo de la ley 3434 responde a las necesidades en materia de infraestructura que se prioricen a lo largo del tiempo con el objeto de generar nuevas condiciones de gobernanza que permitan consolidar un territorio más equilibrado y sustentable. La norma se aprobó por mayoría con 31 votos afirmativos y 2 negativos de las bancas de izquierda. 

Al explicar la iniciativa, Franciso Lepore (Avanzar) señaló que las obras no estaban incluidas en el listado original del anexo de la ley y fueron aprobadas por la Confederación Andina de Fomento (CAF) para ser financiadas con un crédito de 100 millones de dólares en su primer tramo. Se trata de la pavimentación de la ruta provincial 62 en el acceso a Lolog y de la ampliación del sistema de agua potable en Chos Malal, que se suman a otras que ya estaban incluidas en el anexo vinculadas a infraestructura vial y sistemas de agua potable. 

“No es un financiamiento que entre a discreción a la provincia sino que financia proyectos concretos”, aseguró Lepore. También remarcó que la iniciativa “implica que la rueda se está empezando a mover y va a redundar en obras históricas que necesita Neuquén”. 

Desde DC-Comunidad, Ernesto Novoa resaltó que la provincia “va a contramano” del contexto de recesión a nivel nacional al impulsar obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y destacó la mirada territorial del gobernador Rolando Figueroa.

Por el MPN, Claudio Domínguez valoró la confianza que genera Neuquén en los organismos de crédito por su previsibilidad y cumplimiento de todas sus obligaciones. A la vez, acotó que la provincia no se endeudaría “si le dieran lo que le corresponde por coparticipación” y mencionó que este mes, los ingresos por ese concepto cayeron 23 millones de pesos. 

El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) apoyó la ley al estimar que el déficit de infraestructura de la provincia es de 6500 millones de dólares. En sentido similar se pronunció el legislador de JxC-UCR, César Gass, quien también se refirió a las falencias en materia de obra pública.

La diputada Parrilli votó a favor tras mencionar el “abandono histórico de la obra pública en la provincia” pero criticó la improvisación del gobierno y le reclamó una planificación “con empatía”. 

Al argumentar su voto negativo, Blanco reconoció la necesidad de obras de infraestructura pero cuestionó la herramienta del endeudamiento y la forma en que se definen las prioridades. 

Finalmente, Suppicich se refirió a la “falta de claridad” de la letra de la ley en relación a los plazos y a la ausencia de los correspondientes proyectos ejecutivos. Además, cuestionó el tratamiento de la norma en una sesión especial que imposibilita el debate de otros temas que no sean motivo de la convocatoria. 

Descuento de deudas vencidas con el Estado provincial a empleados públicos

La ley, impulsada por el diputado Bermúdez, autoriza el descuento de deudas vencidas con el Estado provincial al personal de los tres poderes del Estado con sueldos superiores al valor de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Fue sancionada con 29 votos positivos aportados por todos los bloques, a excepción de las dos bancas de la izquierda y de UxP que lo hicieron en contra.

Durante el tratamiento en particular, se acordó que el descuento no podrá superar el 10% de la remuneración mensual en sueldos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles, y el 20% cuando se equipare a tres de ellos. La quita se aplicará previa intimación a su regularización y no podrá afectar cuotas por alimentos.

Bermúdez dijo que la ley apunta a “igualar las obligaciones que tienen los funcionarios públicos con las obligaciones que tienen las personas en el ámbito privado”.