Acusan a un varón por amenazar y herir de un disparo a otra persona

Formularon cargos a un varón por haber amenazado a otro con un arma, en un hecho que no fue denunciado por la víctima, y también por haber concretado esa amenaza dos meses más tarde, al dispararle cuando caminaba por una calle cercana a su domicilio.

Locales13/09/2024
ciudad judicial

La fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Guadalupe Inaudi  formularon cargos a un varón por haber amenazado a otro con un arma, en un hecho que no fue denunciado por la víctima, y también por haber concretado esa amenaza dos meses más tarde, al dispararle cuando caminaba por una calle cercana a su domicilio. 

La teoría del caso de la fiscalía es que el 1 de diciembre de 2023, cerca de las 20 horas, el imputado, E.A.Z.E, se acercó en su auto en la casa de la víctima, ubicada en el barrio Alto Godoy de Neuquén. Sin bajarse del vehículo, extrajo un arma, le apuntó y amenazó, para finalmente irse del lugar. El hecho no fue denunciado oficialmente, pero el 8 febrero de 2024, cuando la víctima caminaba por una calle cercana a su domicilio, se cruzó con el imputado, quien nuevamente se movilizaba en su auto. Luego de discutir, E.A.Z.E sacó un arma y efectuó al menos un disparo, que impactó en la espalda de la víctima. Ese disparo provocó que debiera ser intervenida y que en la actualidad continúe en rehabilitación, producto de una paraplejia. 

La fiscal del caso encuadró la acusación en los delitos de amenazas en concurso real con lesiones graves, ambas calificadas por el uso de arma de fuego (artículos 149 bis; 90; 41 bis; 45 y 55 del Código Penal). 

Durante la audiencia que se realizó hoy ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, las representantes del Ministerio Público Fiscal describieron los hechos, formularon los cargos y solicitaron que el imputado, que no tiene antecedentes penales, se presente dos veces por semana ante la comisaría 18 y que no pueda acercarse ni contactar a la víctima y a un grupo de personas de su círculo cercano. El juez hizo lugar por considerar que existen los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso, además de que a partir de los hechos imputados, es necesario proteger a la víctima. Además, fijó el plazo de investigación en 4 meses.

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