Régimen de protección contra la violencia hacia docentes

Ingresó a la Legislatura un proyecto para establecer medidas de protección de agresiones hacia docentes y personal de las escuelas en la provincia. La medida contempla sanciones para quienes ejerzan algún tipo de violencia física, verbal o psicológica dirigida al personal en ejercicio de sus funciones al interior de las escuelas. 

La propuesta, presentada por el ciudadano Agustín Sánchez – asesor pedagógico de la EPET 17- apunta a prevenir hechos de agresión dirigidos a docentes y personal educativo de establecimientos públicos y privados, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

El articulado especifica que será considerada como una agresión todo acto físico, verbal, psicológico o simbólico que afecte la dignidad, la integridad o la seguridad de un docente en ejercicio de sus funciones, incluyendo amenazas, coacciones y daño a bienes personales.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa prevé acciones tanto para empleados públicos como para privados. Para los primeros se prevé la suspensión inmediata sin goce de haberes mientras dure la investigación; la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años y la cesantía en casos de agresión grave, -según dictamen fundado de la autoridad administrativa-. En tanto, para el sector privado contempla la aplicación de la legislación laboral vigente, tras la correspondiente notificación por parte del Ejecutivo a los empleadores directos.

Para aquellos casos en los que el delito cometido no sea de carácter penal, la propuesta establece sanciones contravencionales tales como multas económicas, arresto y trabajo comunitario. 

Finalmente, la medida prevé la implementación de una política de acompañamiento a las víctimas por parte del Estado, basada en asistencia psicológica y legal gratuita, así como también la creación de un “Registro Provincial de Agresores a Docentes”.

En los fundamentos, Sánchez menciona que la iniciativa surge ante la necesidad de proteger la “labor docente frente a la creciente ola de agresiones que se registran en el ámbito escolar”. Asegura que “las agresiones contra docentes constituyen no solo un delito contra la persona, sino un atentado contra la educación pública y la autoridad pedagógica” y agrega como antecedente que otras provincias cuentan con un marco normativo basado en leyes específicas en la materia.