Primera reunión de la comisión que reformará el Código Procesal Civil y Comercial

La Comisión Especial para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, creada por resolución 1229, se reunió este lunes por primera vez en la sala de Comisiones de la Legislatura. Lo hizo con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, ocasión en la que se acordó la creación de una subcomisión que trabajará en la materia civil y comercial y otra que hará lo propio con la materia de familia.  

La comisión está compuesta por integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y su presidente es el diputado Ernesto Novoa (Comunidad), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A). Tendrá un plazo de hasta seis meses para elevar una propuesta de anteproyecto de ley a la comisión A, prorrogable por igual período. 

Por el Poder Ejecutivo, se designó a María Laura du Plessis y a Aylen Martín Aimar, mientras que por el Poder Judicial participarán Soledad Gennari y Germán Busamia. En tanto, por el Legislativo, la resolución que creó la comisión contempla la participación de los 35 diputados y diputadas, como así también de la presidencia de la Legislatura, cuya representación quedó en cabeza del abogado Ramiro Benítez y de la abogada Fernanda Conca.

Al dar inicio a la reunión, la vicepresidenta 1° a cargo de la presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, señaló que se trata de “un día histórico” que busca dar continuidad a la tarea de reforma procesal iniciada en 2022. En ese sentido, destacó el trabajo de la anterior composición legislativa y la importancia de actualizar el marco normativo a 50 años de su sanción. “Hoy partimos de una segunda etapa” dijo y pidió que se tenga en cuenta “el camino recorrido” que incluyó reuniones en el interior de la provincia y documentos elaborados por juristas expertos que se pusieron a consideración de la anterior comisión interpoderes. 

Más adelante, aseguró que es “fundamental” alcanzar un nuevo Código “claro, dinámico y eficiente”, al tiempo que le pidió a la comisión “despojarse de protagonismos” para lograr un plexo normativo “que sea el reflejo de la sociedad en su conjunto”.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, celebró que la discusión del proceso de reforma -al que calificó de “eminentemente político”- se lleve adelante en la Legislatura con la representación política de los distintos sectores y no en centros académicos o judiciales. Aseguró que es una oportunidad que tiene la provincia de Neuquén “para dotar de calidad institucional y reforzar el estado de derecho”, como así también de relegitimar el vínculo del Poder Judicial con la comunidad. El vocal abogó por lograr un procedimiento orientado a la modernidad y que sea “accesible, dinámico y humano”. 

A su turno, Novoa recalcó que el debate requiere de “madurez política y consensos” y anticipó que el proceso se llevará adelante con la participación de todos los sectores de la sociedad “sin exclusión” y con criterio de regionalización.

En la reunión, la comisión designó a Cielubi Obreque (MPN) como secretaria y a Aylen Martín Aimar como coordinadora, quien hizo un breve resumen del trabajo de la comisión predecesora -creada por resolución 1155-. A la vez, debatió pautas de funcionamiento y un eventual cronograma de reuniones en las distintas regiones de la provincia.

Participaron de la reunión diputados y diputadas de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN-, Fuerza Libertaria, Juntos, Arriba Neuquén, Avanzar, Cumplir, JxC- y Neuquén Federal, como así también los representantes designados por los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

En la apertura también estuvieron presentes los vocales del TSJ, Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, y Laura Giuliani, en representación de la Defensoría General. 

Principios de la reforma 

El texto final que redacte la comisión deberá incorporar como principios rectores la oralidad, la simplicidad, la inmediación del juez con las partes, la celeridad, la transparencia, la contradicción, la buena fe procesal, los plazos razonables y perentorios, la gratuidad, la motivación, las respuestas oportunas y ágiles, la incorporación de métodos alternativos de resolución de conflictos y de nuevas herramientas tecnológicas, la regionalización del servicio de justicia y la innovación.

Durante el proceso de debate, podrá invitar a referentes del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahue y a expertos en la materia para participar de las deliberaciones.