Desde junio, los comercios ya no deben pagar el aporte obligatorio a INACAP y ahorran $70.000 millones al año

Con el comienzo de junio, los comercios dejan de estar obligados a aportar al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), al entrar en vigencia la norma que lo convierte en voluntario.

La decisión había sido dispuesta por el Gobierno nacional a principios de marzo, mediante el Decreto 149/2025, estipulando que empiece a regir a los 90 días corridos de su publicación, lo que se cumple con el arranque del sexto mes del año.

La normativa determina que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.

De esta manera, los comerciantes dejan de realizar obligatoriamente la contribución mensual en concepto de capacitación por cada empleado registrado, que venían haciendo desde el 2008, representando un alivio de más de $70 mil millones al año para el sector mercantil.

El aporte debía realizarse aunque el empleado nunca se capacite, según lo establecido en el convenio colectivo de comercio, permitiendo recaudar millonarios fondos a los mismos gremios empresarios que firmaron la paritaria.

El cálculo del ahorro parte de que la cuota, que se incrementó en marzo, está $4.725,02 por cada trabajador, lo que equivale a una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, aproximadamente, ya que la contribución por parte del empleador, alcanzaba a 1.2 millones de trabajadores.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) destacaron la medida asegurando que “representa un cambio significativo en las obligaciones que hasta ahora debían cumplir los empleadores”, cuestionando el aporte al indicar que "los comerciantes de todo el país tuvimos que pagar por 17 años la cuenta de una mesa de la que no participamos".

En este sentido, remarcaron que las entidades que recaudan los aportes no hacen “rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios”. Al mismo tiempo, pidieron que la medida se ratifique por ley para asegurar que en el futuro ningún gobierno vuelva a imponerlo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la entrada en vigor de la decisión al expresar en su cuenta de X que “con esto bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, pasteleros, comercio internacional, gastronomía y contratación de maestranza".

En este marco, sostuvo que “la libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el presidente Javier Milei”. 

(NA)