Fijan penas a dos hombres responsables de homicidio

En una audiencia de determinación de la pena realizada hoy en la Ciudad Judicial la fiscal del caso Eugenia Titanti solicitó que Franco Daniel Piccioli y Walter Andrés Vivas, sean condenados a 13 y 12 años de prisión respectivamente, por su participación el homicidio de Antonio Quirulef ocurrido en agosto del 2019. 

Luego de un juicio que se realizó a fines de septiembre y principio de octubre, los dos imputados en el caso fueron declarados penalmente responsables por el delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, en carácter de coautores (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal). 

Durante la audiencia de hoy se recibieron siete testimonios con los que las partes intentaron exponer cuales son los agravantes y las atenuantes, con los que llegaron a determinar las penas requeridas.   

El tribunal colegiado encargado de establecer el monto de la condena resolvió por unanimidad, imponer 11 años y 6 meses de prisión para Franco Daniel Piccioli y 11 años en el caso de Walter Andrés Vivas. 

El hecho ocurrió en un barrio de la capital provincial el 1 agosto de 2019. La fiscalía probó en el juicio que ese día, Antonio Quirulef se presentó en un dúplex del barrio San Lorenzo acompañado por otro hombre y una mujer con el objetivo de comprar drogas. Tras una discusión, el dueño de la casa, Piccioli, junto a Vivas, comenzaron a dispararles con armas de fuego calibre 22 y 32. Quirulef recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. 

Durante la audiencia la fiscal del caso contó con la asistencia del funcionario de la fiscalía Bruno Miciullo. 

El juicio donde se determinó la responsabilidad penal de los imputados fue el segundo que se realizó durante la pandemia de COVID-19 en la Primera Circunscripción judicial, que comprende la ciudad de Neuquén y alrededores. Para esto, se implementó el protocolo sanitario diseñado por el Poder Judicial para desarrollar los juzgamientos. 

Ambos imputados se encuentran detenidos con prisión preventiva y en el caso de Vivas, la medida cautelar fue prolongada en forma excepcional, al implementarse la Ley provincial 3234 que fue impulsada por el fiscal general José Gerez y sancionada por la Legislatura en junio pasado que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses para aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”.