El Jurado popular declaró culpable a Escobar por el femicidio de Cielo López

El veredicto fue dado a conocer por la presidenta del jurado popular a las 17, tras cuarenta minutos de deliberación. Por unanimidad, el jurado popular declaró a Escobar responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado contra una mujer mediando violencia de género y para procurarse impunidad (criminis causa), en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 80, incisos 7 y 11, 119 tercer párrafo, 45 y 55 del  Código Penal). Prevé pena de prisión perpetua.

Con la decisión, el tribunal popular avaló el pedido del fiscal jefe Juan Agustín García, quien en el alegato de cierre del juicio realizado durante la mañana, había requerido un veredicto de culpabilidad por el delito mencionado.

"La prueba ha sido muy contundente. Uno por uno se han ido acreditando todos los hechos desde que presentamos el caso", planteó el fiscal jefe. Entre las pruebas, mencionó imágenes de cámaras de seguridad, registros telefónicos, exámenes de ADN, análisis criminalísticos y médicos, entre otras.

La solicitud del fiscal jefe había contado con la adhesión del abogado querellante Marcelo Henriksen Velazco. 

La teoría del caso que acreditó el representante del Ministerio Público Fiscal, fue que el 13 de septiembre de 2019 por la madrugada, cerca de las 3.40, Escobar pasó a buscar a la víctima por su casa y luego fueron hacia la casa de él, en la ciudad de Plottier. Una vez en el inmueble, el acusado abusó sexualmente de ella.  

Luego, con el objetivo de lograr impunidad en torno a esa conducta, la agredió físicamente con un elemento en la cabeza que le provocó la muerte. Después, seccionó el cuerpo de la víctima y se dirigió hacia la zona conocida como paraje China Muerta, donde arrojó las partes del cuerpo al río Limay, en un sector denominado Los Espigones. El domingo 15 de septiembre, pescadores encontraron  partes del cuerpo y al día siguiente se halló el resto aguas abajo. 

El jurado popular estuvo integrado por 16 personas, distribuidas en partes iguales por sexo, de las cuales 12 se desempeñaron como titulares y 4 como suplentes (estas últimas participaron del desarrollo del juicio, pero se retiraron cuando el jurado comenzó a deliberar para emitir un veredicto). El juicio se desarrolló en cuatro jornadas, desde el lunes pasado hasta hoy. En total, declararon 25 testigos. 

Escobar atravesó al juicio detenido con prisión preventiva. El pasado 18 de septiembre cumplió el año de prisión preventiva máximo previsto en el artículo 119 del Código Procesal Penal. Pero desde la fiscalía se requirió prolongarla por seis meses, mediante la aplicación de la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”. Tras el veredicto, Escobar permanecerá detenido con prisión preventiva y luego comenzará a cumplir la pena. 

Antes del cierre de los alegatos, el imputado pidió hacer uso del derecho a hablar. Negó la acusación en su contra y no respondió preguntas. 

El juicio por jurados fue el 50° que se realizó en la provincia desde 2014 cuando se adoptó esta modalidad de juzgamiento para los delitos graves. Y fue el primero desarrollado bajo pandemia de COVID-19, razón por la cual se aplicó un protocolo sanitario específico que fue diseñado por las autoridades judiciales. 

El juzgamiento se realizó en la sede de la Legislatura provincial por pedido del fiscal general José Gerez y de la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Soledad Gennari. Ante el vicegobernador Marcos Koopmnann, requirieron el uso del edificio legislativo por garantizar mejores condiciones para el distanciamiento social. 

El fiscal jefe Juan Agustín García fue acompañado durante el juicio por las fiscales del caso Sandra Ruixo y Carolina Mauri, y Lucrecia Sola y Federico Puisegur, integrantes del Ministerio Público Fiscal. 

Como abogado querellante participó Marcelo Henriksen Velazco; los abogados defensores fueron Elio García y Maximiliano Gómez; y el juez de garantías que dirigió el debate, Lucas Yancarelli. 

Para la realización del juicio trabajó en forma conjunta personal de la Oficina Judicial y de la Legislatura provincial.