Piden crear licencia por violencia de género en el Estado provincial

Las condiciones laborales de quienes soliciten la licencia por violencia de género no podrán ser modificadas a consecuencia del pedido. Además, el uso de esta licencia no afectará la remuneración que corresponda abonar, ni eliminará o compensará otras licencias a las que se tenga derecho a usufructuar. 

El articulado establece que la licencia será de carácter especial y podrá ser solicitada a través de cualquier medio. Una vez realizado el pedido, la víctima tendrá cinco días hábiles para presentar la constancia de denuncia judicial o acto ante los dispositivos temáticos creados y articulados según las leyes de eliminación de la violencia contra la mujer. 

El plazo, las condiciones y la vigencia de la licencia se concederán en función de lo determinado por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género o por el organismo judicial interviniente. 

La medida alcanzará a todos los organismos del Poder Ejecutivo, así como también a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos de control y extrapoderes, entes autárquicos y descentralizados, empresas del Estado y sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia. A la vez, convoca a los municipios de primera categoría a adherir.

Los fundamentos mencionan que la ley apunta a visibilizar y reconocer un derecho laboral que abarca tanto a las mujeres como al colectivo LGTBIQ+ que desempeñan funciones en el sector público de la provincia y que son víctimas de hechos de violencia de género. Aseguran que constituye una propuesta para “dar respuesta a esta problemática: la violencia por razones de género mata y debe ser combatida y prevenida”. Retoman, además, las cifras del Observatorio “Ahora que sí nos ven” que dan cuenta de 265 femicidios en todo el país desde el inicio de este año hasta mediados de este mes.  

En otro tramo explican que, ante la necesidad de preservar la fuente laboral, las víctimas de violencia deben buscar distintas vías alternativas cuando tienen que ausentarse en el trabajo para cumplir con requerimientos judiciales o administrativos, o incluso ante la necesidad de requerir para sí o sus hijos e hijas de medidas de seguridad especiales, situación que invisibiliza la problemática y sesga el derecho a la protección integral. Así, en la actualidad las víctimas de la violencia de género recurren a licencias inespecíficas para poder contar con el tiempo necesario para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica, acceder a contención afectiva e incluso hasta realizar una mudanza. Las licencias inespecíficas terminan resultando una pesada carga ya que, además de invisibilizar la problemática al colocarla en el plano de lo personal, patologiza y estigmatiza a la persona.

Frente a este escenario, el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de género apunta a establecer instancias que promuevan la igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales donde se desempeñan mujeres y el colectivo de la diversidad, y que atraviesen situaciones de violencia de género, evitando de ese modo la profundización de la desigualdad que el hecho mismo de la violencia genera. 

Por último, informan que en el país, la provincia de Chubut fue la primera provincia en regular la licencia por violencia de género mientras que otras jurisdicciones cuentan con iniciativas similares presentadas en sus respectivos parlamentos. En Neuquén, existen antecedentes similares en distintos organismos tales como el Consejo Provincial de Educación, el CCT del personal del Registro Civil, del EPAS, del EPEN y de Salud Pública, entre otros. 

El proyecto de ley (13989) ingresó por Mesa de Entradas el 25 firmado por Maximiliano Caparroz, Germán Chapino, María Laura du Plessis, Lorena Abdala, María Fernanda Villone, Javier Rivero, José Ortuño, Ludmila Gaitán y Liliana Murisi (MPN) y por Carlos Sánchez (UP).