El convenio establece que el 10% de lo recaudado por las verificaciones vehiculares se asigne a los municipios que tienen talleres de RTO, el 20% al sistema de administración, el 30% a la facultad de Ingeniería y el 40% a la dirección provincial de Seguridad Vial.
Será el próximo martes. El plan aborda los principales desafíos del sector industrial, con el objetivo de fomentar su desarrollo y atraer las inversiones necesarias.
El recorte de gastos innecesarios y el ordenamiento de las cuentas públicas permitieron al Gobierno provincial realizar una fuerte inversión.
Cae la ley aprobada en el Congreso por un período de 5 años. El gobierno informó que no pedirá renovarla.