Formulan cargos en tres casos de abuso sexual

Durante este miércoles, la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Sexuales Cynthia Tobares intervino en dos audiencias, en las cuales formuló cargos contra dos hombres y los acusó por delitos contra la integridad sexual. Luego en otra audiencia, el fiscal del caso Andrés Azar acusó a otro hombre, también por abuso sexual. 

• Primera audiencia 

En primer término, la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Sexuales Cynthia Tobares acusó a un hombre, R.O.M, por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en la ciudad de Neuquén. 

Los delitos que Tobares le atribuyó al imputado son abuso sexual con acceso carnal por acto análogo –continuado-, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en concurso real con abuso sexual simple agravado por la guarda momentánea, en calidad de autor (artículos 119 primer, tercer, cuarto párrafo inciso “f”, quinto párrafo en función del cuarto inciso “b” y 55 del Código Penal). 

La teoría del caso que presentó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal fue que en el período comprendido entre marzo de 2018 y el 30 de diciembre de 2020, R.O.M, abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar. Los ataques ocurrieron en la vivienda que compartían ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén. Para cometer los abusos, el imputado aprovechaba cuando su quedaba a su cuidado y las facilidades que le daba la convivencia. 

Natalia Stornini, defensora de los derechos del niño y el adolescente que intervino como querellante institucional en representación de la victima, adhirió al requerimiento de la fiscalía en todos sus términos. 

La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses. 

• Segunda audiencia 

En segundo término, la asistente letrada de la fiscalía de Delitos Sexuales Cynthia Tobares acusó a un hombre, H.O.V, por abusar sexualmente de una niña de su entrono familiar en la ciudad de San Patricio del Chañar. 

Los delitos que Tobares le atribuyó al imputado son abuso sexual gravemente ultrajante (por la duración) –continuado- agravado por el aprovechamiento de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en calidad de autor (artículos 119 segundo, tercer y cuarto párrafo inciso “f”, 45 y 55 del Código Penal). 

La teoría del caso que presentó la funcionaria del Ministerio Público Fiscal fue que en fechas indeterminadas, pero entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012 y entre el 2 y el 6 de marzo de 2020, H.O.V, abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar. Los ataques ocurrieron en el domicilio que compartían y se encuentra ubicado en la ciudad de San Patricio del Chañar. Para cometer los abusos, el imputado aprovechó las facilidades que le daba la convivencia. 

Marcela Robeda, defensora de los derechos del niño y el adolescente que intervino como querellante institucional en representación de la victima, adhirió al requerimiento de la fiscalía en todos sus términos. 

El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses. 

• Tercera audiencia 

En último término, el fiscal del caso Andrés Azar acusó a un hombre, J.E.G, por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en la localidad de Vista Alegre. 

El delito que Azar le atribuyó al imputado el abuso sexual gravemente ultrajante –continuado- en carácter de autor (artículos 119 segundo párrafo, 45 y 55 Código Penal). 

La teoría del caso que presentó el fiscal del caso fue que en el periodo comprendido entre mediados de febrero de 2018 y fines de abril de 2020, J.E.G, abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar.  Los ataques sexuales ocurrieron de forma reiterada, en una vivienda de la localidad de Vista Alegre. 

Silvia Acevedo, defensora de los derechos del niño y el adolescente que intervino como querellante institucional en representación de la victima, adhirió al requerimiento de la fiscalía en todos sus términos.

El juez de garantías encargado de dirigir la audiencia dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y fijó el plazo para concluir la investigación en cuatro meses.